Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres adelantó un acompañamiento legal a las migrantes, entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019.
Un informe elaborado por el colectivo «Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres» reveló cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres migrantes venezolanas que se encuentran en el país, al momento de solicitar el servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), despenalizado en tres casos especiales.
La Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional establece que una mujer puede solicitar al sistema de salud que se le practique un aborto, cuando este haya riesgo para su vida o su salud, cuando el embarazo sea producto de violencia sexual y cuando haya malformación fetal incompatible con la vida extrauterina.
El documento de la «Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres» revela barreras por desconocimiento y negligencia en la prestación de los servicios médicos en el país, que ponen en riesgo su vida.
La coordinadora del colectivo, Juliana Martínez, afirmó que las mujeres migrantes en Colombia desconocen que el aborto es un derecho fundamental. “No acuden a la red hospitalaria, temiendo consecuencias para ellas como la criminalización o la deportación, lo que aumenta el riesgo de que recurran a abortos inseguros y de maternidades forzadas”, afirmó.
Agregó que otra de las barreras está en el mismo sistema de salud del país, en el que les exigen documentación innecesaria para adelantar este procedimiento.
“Es la interpretación restrictiva que los prestadores de servicios de salud hacen del marco legal, basándose en el estatus migratorio irregular de las mujeres venezolanas que solicitan servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (…) Se evidencia en la negación de servicios, la exigencia de documentación o de requerimientos adicionales como el Permiso Especial de Permanencia o el Salvoconducto”, señala.
Martínez reiteró que tanto la Corte Constitucional como el Ministerio de Salud han señalado que la población migrante debe ser atendida por urgencias, servicios entre los que se encuentra la atención del embarazo, incluido el servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
“Otras fallas asociadas a la prestación de servicios de salud es que las IPS no cuentan con protocolos o rutas de atención para las migrantes en condición de permanencia irregular. Por lo que son víctimas de malos tratos, violencia obstétrica, se les niega el suministro de medicamentos para el dolor, se les vulnera su derecho a la intimidad y se les discrimina debido a su nacionalidad”, sostuvo.
Dijo, además, que también se presentan dificultades en el sistema judicial cuando se niegan a recibirles sus denuncias. “Hemos visto fallas en el proceso de interposición de la denuncia por violencia sexual, lo que implica una barrera para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo por esta causal, teniendo en cuenta que la denuncia no es recibida por las autoridades colombianas cuando los hechos no ocurrieron en territorio colombiano”, manifestó.
El estudio realizado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Oriéntame, en alianza con la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete, y con la colaboración de Médicos del Mundo, permitió encontrar estas barreras.
Según la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019 se hizo el acompañamiento legal a 21 migrantes venezolanas para acceder a la IVE y tuvo conocimiento de otros casos acompañados por organizaciones aliadas.
Al analizar los distintos casos, se pudo establecer que las migrantes venezolanas no solo enfrentaron las mismas barreras de acceso que las mujeres colombianas cuando buscaron acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sino que estas barreras tuvieron particularidades debido a su situación migratoria.
Las diferentes organizaciones coincidieron en que las barreras en gran parte tienen origen en los limitados recursos públicos que se destinan a la atención en salud de la población migrante, debido a que no hay un pagador para estos servicios, lo cual repercute en la negación de la atención.
“El Estado colombiano tiene la urgente necesidad de avanzar hacia la efectiva garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres sin importar su estatus migratorio. En este sentido, se deben tomar medidas administrativas y de gasto público que garanticen el pleno derecho de las mujeres a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sin ninguna clase de distinción o trato discriminatorio contra las mujeres, jóvenes y niñas migrantes”, puntualizó.
