El Tribunal Superior de Santander dejó en firme el delito de desaparición forzada en contra de Juan Guillermo Valderrama por el asesinato de la sargento chilena, Ilse Amory Ojeda, hechos ocurridos en Santander el pasado 31 de marzo.
Lo anterior implica que no se aceptó el recurso de apelación que había interpuesto la Procuraduría y la defensa de Valderrama con el que pretendían dejar sin efecto el delito de desaparición forzada, porque consideraban que no fue clara ni se detalló la forma en cómo se privó de la libertad a la extranjera.
Por tal motivo, el joven de 28 años de edad y quien es procesado por el asesinato de la sargento chilena, tendrá que responder ante las autoridades por ambos delitos, es decir, feminicidio agravado y desaparición forzada.
Ante la decisión, Flor Alba Cely, abogada defensora de Juan Valderrama, indicó que en las próximas horas se trasladarán hasta la Fiscalía General de la Nación en donde buscarán firmar un preacuerdo que podría reducir la pena de Juan Valderrama hasta diez años.
«Nos vamos a trasladar a la Fiscalía Primera Especializada porque ya se han hecho conversaciones con el señor Fiscal, entonces lo que queremos es entrar ya a hacer el preacuerdo (…) Juan Valderrama tiene valor civil, ya más tranquilo ha querido presentarlo, nosotros vamos a presentar el recurso en compañía de la Fiscalía», dijo la abogada defensora.
En medio de la audiencia se concluyó que hay elementos importantes que demostrarían que Valderrama habría desaparecido a la sargento Ilse Amory Ojeda desde el 28 y hasta el 31 de marzo, día en el que fue asesinada atrozmente la ciudadana extranjera.
«El Tribunal a través de su magistrado ponente se ha pronunciado y ha dicho que se mantiene la desaparición forzada. Entonces la petición que hizo el señor Procurador y que avaló la defensa se quedó sin piso jurídico», dijo Flor Alba Cely, abogada defensora de Juan Valderrama.
Para el próximo 16 de enero se programó la audiencia preparatoria contra el santandereano Juan Valderrama, en la que se espera que la defensa presente el preacuerdo con el que busca beneficiar al detenido con la rebaja de pena.
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