La Comisión Colombiana de Juristas, junto a un grupo de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, presentarán una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para que se tomen medidas de fondo ante las reiteradas quejas presentadas por abuso de la fuerza contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la Fuerza Pública en los últimos años.
En la acción judicial se hace énfasis en que, desde el inicio del Paro Nacional el pasado 21 de noviembre, se han multiplicado los casos de abuso de autoridades, uso injustificado de las armas y retenciones ilegales, desconociendo y omitiendo la protección de los ciudadanos.
En este punto se cita que tanto en las manifestaciones de las universidades públicas y privadas por hechos de corrupción, así como las protestas en el desarrollo del Paro Nacional en todo el territorio patrio se han presentado constantes e injustificados ataques por parte del Esmad, la Policía y el Ejército contra los marchantes y las personas que adelantan un cubrimiento de los mismos.
Recuerdan además que se ha utilizado de manera indebida las bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, afectando así a las personas que participan en las manifestaciones, así como detenciones arbitrarias y uso de armas, generando temor y zozobra en toda la sociedad.
“La disolución sistemática, arbitraria e injustificada de protestas pacíficas, la utilización indebida de armas potencialmente letales, el uso innecesario de agentes químicos irritantes para la dispersión de manifestantes que únicamente estaban ejerciendo un derecho legítimo a la protesta”, señalan los accionantes.
Consideran que a esto se le suman acciones de estigmatización en contra de todo aquel que proteste, lo que representaría “un sistema de represión que desincentiva la participación” ciudadana, afectando así el derecho a la libre protesta.
En este punto se cita que los manifestantes temen ser detenidos y trasladados a centros de paso (URI, UPJ, estaciones de policía) y represión. En la tutela se citarán varios casos que se han presentado en Bogotá y ciudades capitales.
En la tutela se pide proteger los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la libertad personal, el debido proceso y a no ser sometidos a desapariciones forzadas.
Pese a los llamados para controlar esta situación, el Esmad y las Fuerzas Militares han “escalado” su accionar en contra de los manifestantes, situación que los ha llevado a presentar una serie de acciones con el fin de conocer sus acciones en el marco de las protestas ciudadanas.
Los accionantes piden que se fije una mesa de seguimiento para controlar el abuso de la fuerza, un informe periódico y constante sobre las actuaciones de este cuerpo, que se reafirme la prohibición de dispersar manifestaciones de tipo pacífico y evitar el uso de armas no letales como la que le causó la muerte al joven Dilan Cruz.
