Bolivia justificó este miércoles la vigilancia policial en la embajada de México en La Paz porque existen amenazas «creíbles» de ataques contra la sede diplomática, mientras el gobierno mexicano ve riesgo de una «incursión armada» contra su legación, en el marco de una escalada de tensión bilateral.
«El gobierno de Bolivia comunica que ha recibido información creíble de amenazas de violencia por parte de movimientos sociales […] e índigenas», dice un comunicado leído por el secretario privado presidencial, Erick Foronda.
Para «precautelar la tranquilidad de la misión» y «la seguridad» de los funcionarios diplomáticos, el gobierno de la mandataria interina Jeanine Áñez «incrementó la presencia de fuerzas policiales» en las afueras de la embajada.
México, que más temprano este miércoles había celebrado un relajamiento en la vigilancia alrededor de su sede diplomática, se quejó de su lado de que la presencia militar y el «cerco» fuera retomado.
Riesgo de «incursión armada»
El vicecanciller mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, dijo este martes que su gobierno está «en alerta permanente ante el riesgo de una incursión armada a nuestros inmuebles en La Paz».
«Denunciamos que se mantiene el secuestro policíaco y militar en contra de las instalaciones diplomáticas de México en Bolivia», escribió Reyes en su cuenta de Twitter.
Según el comunicado boliviano, movimientos sociales de la ciudad de El Alto y campesinos aymaras de los Andes pretenden marchar hacia la legación diplomática, ubicada en un barrio exclusivo de La Paz, «para exigir la expulsión» del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien fue brazo derecho del expresidente Morales.
Quintana y su colega de Cultura, Wilma Alanoca, se encuentran en la embajada de México, donde pidieron asilo, luego de la renuncia de Morales, el pasado 10 de noviembre. El gobernante dimitió tras una fuerte convulsión social en rechazo a las elecciones de octubre, denunciadas por los opositores como fraudulentas.
La Paz les ha negado salvoconductos a los asilados para que dejen el país, porque arguye que ambos han sido denunciados por el gobierno ante la Fiscalía por los delitos de «sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo» que fueron causantes -arguye- de los enfrentamientos que dejaron 36 muertos.
La misma investigación se realiza sobre el expresidente Morales, asilado primero en México y después en Argentina, por un video difundido por el poder Ejecutivo que asegura que él, desde el extranjero, dio órdenes por teléfono a sus militantes para que cercasen las ciudades e impedir el ingreso de alimentos, tras dimitir al poder.
Además de Quintana y Alanoca, hay una veintena de personas en las oficinas de la legación diplomática en La Paz.
«Cerco policial»
La cancillería de México denunció este martes «el hostigamiento tanto a su embajada como a su residencia oficial (…). Actualmente existe un cerco policial que registra el movimiento de las personas que entran y salen de los recintos diplomáticos mexicanos».
El incidente en torno a la residencia diplomática se produce en medio de tensiones bilaterales.
Bolivia se quejó primero por las actividades públicas de Morales en México, donde se refugió después de renunciar tras casi 14 años en el poder al ser acusado de manipular las últimas elecciones presidenciales.
Según el gobierno de Áñez, estas manifestaciones violan las normas que rige sobre asilados o refugiados políticos.
La Paz expresó también su malestar por la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de convocar reuniones preparatorias en su país para asumir la presidencia «pro tempore» de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Bolivia asegura que es competencia suya convocar la reunión de la Celac ya que en 2019 ejerce la dirección del bloque y que, por lo tanto, México viola sus reglamentos internos.
