Un juzgado decretó prisión preventiva para cinco de los 12 policías chilenos acusados de torturar a un manifestante durante el toque de queda que se impuso en el país durante los primeros días del estallido social.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima para los otros siete agentes, según informó el autónomo y querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Los hechos ocurrieron el pasado 21 de octubre en la Plaza Nuñoa, en el centro de la ciudad, cuando un grupo de agentes antidisturbios de Carabineros le dio una paliza a un manifestante, que sufrió una contusión en un ojo y fracturas en la nariz y las costillas.
La agresión fue grabada por un canal de televisión local y tuvo lugar apenas tres días después de que se detonase la crisis social más grave de la democracia chilena y cuando regía en la capital el estado de excepción y el toque de queda.
Los delitos por torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes fueron tipificados en Chile en 2016 y el Código Penal establece para ellos penas de entre 5 y 10 años de cárcel.
El INDH ha interpuesto desde el inicio de las revueltas un total de 943 denuncias contra agentes del Estado, de las cuales cinco son por homicidio, 750 por torturas y tratos crueles y 134 por violencia sexual (desnudamientos, tocamientos y cuatro violaciones).
El cuerpo policial está en el punto de mira por su brutalidad en la dispersión de las protestas y han sido acusados de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos por diversos organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW).
El presidente chileno, Sebatián Piñera, ha reconocido abusos puntuales, pero ha negado una política sistematizada para atacar a los manifestantes y se ha comprometido a investigar los hechos.
