Duras críticas han recibido los alcaldes de Bogotá, Claudia López y de Medellín, Daniel Quintero, por la decisión que tomaron de tener al Esmad como último recurso a la hora de enfrentar hechos de violencia durante las manifestaciones que se presentaron este 21 de enero en el país.
Congresistas consideran que fue una decisión irresponsable, de parte de estos mandatarios, que desembocó en fuertes agresiones con piedras, ladrillos y otros elementos contundentes, hacía los uniformados que trataron de controlar a los vándalos.
De hecho, el proyecto de ley estatutaria que fue radicado en el Congreso y con el cual se pretende reglamentar la protesta social en Colombia, impediría que los alcaldes se abstengan de acudir al Esmad para enfrentar estos hechos de violencia.
El autor de la iniciativa, el senador Juan Diego Gómez, recordó que la propuesta incluye un artículo que establece que “para controlar de manera proporcional los actos de violencia o de vandalismo que puedan presentarse en el ejercicio de la manifestación social y pacífica en las zonas urbanas, el Esmad, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, deberán emplear equipamiento y armamento que permitan el control de los actos violentos sin afectar la integridad física de ningún interviniente”.
Además, según el congresista, en la ley se dejará claro que el Escuadrón Móvil Antidisturbios es la única fuerza capacitada para enfrentar este tipo de situaciones difíciles.
Por su parte, la senadora María del Rosario Guerra, coincide con el hecho de que el Esmad no puede dejar de intervenir, sobre todo cuando los vándalos quieren infiltrarse en una movilización pacífica.
“Fue irresponsable de la alcaldesa de Bogotá y del alcalde de Medellín permitir que los policías disponibles contuvieran a los vándalos en la marcha. El Esmad es el entrenado para poder contener los disturbios y poner orden y aquí no solo podemos pensar en los derechos de los desordenados, tenemos que pensar en las garantías de seguridad para tantos colombianos que no queremos desorden, ni irrespeto a la Fuerza Pública”, añadió.
Los partidos de gobierno afirman que los mandatarios regionales deben entender que su deber es velar por el respeto de los derechos de todos los ciudadanos, tanto los que marchan, como los que no.
