El más reciente informe de la Procuraduría sobre el panorama de las investigaciones por diferentes irregularidades en el sector salud revela que, actualmente, se adelantan 2.786 procesos disciplinarios por diferentes anomalías detectadas en el sistema.
Ese mismo informe señala que el año pasado se sancionaron a 117 servidores públicos por incurrir en irregularidades relacionadas al sistema de salud.
Entre esos casos están los denominados carteles del síndrome de Down, VIH, de las cajas dentales y de la hemofilia. Se trata de irregularidades en el pago de medicamentos suministrados a supuestos pacientes con la enfermedad.
Por ese escándalo, el exgobernador de Córdoba Edwin Besaile y el exsecretario de Desarrollo de Salud José Jaime Pareja, fueron sancionados disciplinariamente.
Según la Procuraduría, también existen carteles que estarían embargando ilegalmente los recursos de la salud por cuenta de jueces de la República que estarían ordenando esos embargos en ciudades como Sincelejo, Mocoa y Valledupar.
Sobre ese punto, otro informe de la Procuraduría señala que hay 500 mil millones de pesos que “permanecen en depósitos judiciales como respaldo para cubrir obligaciones con terceros, como contratistas y trabajadores. De este monto $300.000 millones corresponden a EPS del régimen contributivo y subsidiado y a la red pública de hospitales”.
La Procuraduría informó que los procesos que tienen que ver con manejos irregulares en las EPS, ahora están en intervención por parte de la Superintendencia de Salud.
El informe de la Procuraduría dice que solo el año pasado fueron sancionados 117 servidores públicos por incurrir en irregularidades relacionadas al sistema de salud.
En etapa preliminar de investigación, la Procuraduría tiene en estudio 995 procesos: en etapa probatoria de indagación preliminar hay 928 casos; y en etapa de pruebas hay 516 procesos.
En julio del año pasado, el propio procurador Fernando Carrillo denunció que los recursos de la salud estaban siendo utilizados para financiar campañas y partidos políticos.
El procurador Carrillo ha propuesto que en los casos donde las EPS no respondan las solicitudes de los usuarios se aplique la figura del silencio administrativo positivo, que les implicaría reconocer automáticamente los servicios médicos contemplados en el Plan de Beneficios de la Salud (PBS).
