Luego de presentar su más reciente informe sobre violencia política contra líderes sociales y dirigentes en todo el territorio nacional, la Misión de Observación Electoral hizo varias recomendaciones encaminadas a garantizar la protección de estas personas.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, dijo que el Gobierno Nacional debe priorizar la atención en materia de seguridad en las zonas que quedaron dentro de las circunscripciones especiales de paz, en donde también se encuentran los municipios Pdet.
Según Barrios, en esos territorios es donde más se han presentado casos de violencia contra líderes políticos y sociales.
“Las circunscripciones especiales de paz coinciden, en más de un 90%, con los municipios Pdet y estos municipios tienen el 58% de los líderes asesinados, eso significa que esas zonas hay que priorizarlas y ese un trabajo que no se puede hacer solo desde Bogotá. Las autoridades nacionales deben también contar con una participación actividades de las autoridades locales, que son las que conocen cuales son las dinámicas en los territorios que permiten mejores acciones de prevención”, señaló.
La directora de la Misión de Observación electoral considera además que el Gobierno central no puede excluir a las administraciones territoriales de la construcción de planes efectivos de seguridad para los dirigentes regionales.
“No se puede excluir de la elaboración de planes de protección y prevención a las autoridades locales, por eso los alcaldes, los gobernadores, los personeros, la Procuraduría en el nivel departamental, las Personerías municipales juegan un papel fundamental. Hacer planes de prevención y protección solo desde Bogotá no termina generando un pacto fuerte para poder lograr estos mecanismos”, añadió.
“Hay circunscripciones de paz, que son los mismos municipios Pdet en Córdoba, Chocó, Cauca, Antioquia, en los departamentos del Caribe. Los territorios donde están las circunscripciones especiales de paz son aquellas que han tenido mayores hechos de violencia contra líderes como el Catatumbo y es allí donde deberíamos hacer una priorización”, manifestó Barrios.
El reciente informe de la MOE señala que 549 líderes sociales y políticos fueron víctimas de algún hecho violento en el 2019 y que enero de este año ha sido el más fatal para estos dirigentes de los últimos cinco años, porque han asesinado a 19 personas.
