Una investigación realizada por la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre la contratación de publicidad de las alcaldías de diez ciudades capitales del país, da cuenta que los mandatarios locales gastaron, con dineros públicos, más de 50.000 millones de pesos en publicidad para autopromocionarse o «darse bombo a sí mismos».
La investigación se realizó en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Mocoa, Buenaventura, Montería, Santa Marta y Neiva.
La investigación abordó 30 contratos que sumaron 91.611.829.777 pesos. En varios casos se trataban de contratos con altos montos que fueron ejecutados por medio de la creación de otras contrataciones.
La muestra para la investigación se tomó con contratos que se realizaron en el 2018, un año antes de elecciones por ser el 2019, atípico en materia de publicidad por los comisiones regionales que se realizaron en octubre.
«Se analizaron 2128 piezas de contratos realizados en el 2018 porque queríamos observar un periodo menos atípico y revisamos los más grandes contratos realizados sobre publicidad«, señaló Fabian Hernández, investigador de la Misión de Observación Electoral.
La investigación indica que sólo el 35% de las piezas analizadas eran de carácter informativo y un 7% no se pudieron identificar.
Las piezas analizadas consistían en 522 contratadas en prensa, 263 en radio, 432 audiovisuales, 181 piezas para redes sociales y 730 de materiales POP. (Se entiende material tipo POP lo referente a cualquier objeto que se utiliza para la divulgación de un mensaje, por ejemplo, carteles, afiches o pendones).
“Al analizar detenidamente las 2.128 piezas de los contratos nos encontramos con que el 58% eran informaciones de autopromoción o autobombo de los funcionarios y las administraciones. Estas piezas carecían de elementos informativos o de política pública relevantes para la ciudadanía”, indicó Jonathan Bock Ruíz, subdirector de la FLIP.
La MOE y la FLIP hicieron un llamado a las alcaldías, en todo el país, para restringir cualquier contratación que tenga como finalidad la autopromoción, en especial en medio de la emergencia causada por la COVID-19, que obliga a que el gasto público en comunicaciones sea transparente.
El pasado 8 de abril, la Contraloría y Procuraduría empezaron a hacer un seguimiento especial para que los recursos públicos no sean utilizados en publicidad innecesaria asociada a la emergencia por la COVID-19.
