Durante un debate de control político en la plenaria del Senado de la República, el Centro Democrático cuestionó duramente a las Farc por lo que esa colectividad denomina como graves incumplimientos del acuerdo de paz.
La senadora María del Rosario Guerra entregó un panorama en el que detalla, con cifras, que no se han cumplido los compromisos en temas como la entrega de armas, los bienes y los menores que fueron reclutados.
Según Guerra, en cuanto a las armas, las Farc no reportaron la totalidad de las caletas y solo le entregaron a la ONU alrededor de 8.000 fusiles y no los 11.000 que habían prometido.
“En el armamento entregado fue de lejos inferior casi en un 50%, en los niños reclutados, que es lo más doloroso, fue pírrica la entrega de 144 niños de 6.800 que tenían. En los bienes para ser motenizados reportaron 944.000 millones para extinción de dominio, cuando son 2,5 billones y tristemente hoy solo lo que hay son 30.000 millones de pesos para resarcir a las víctimas”, indicó.
La congresista habló de incumplimientos en la erradicación de cultivos ilícitos y en materia de desmovilización, ya que de los más de 15.000 miembros que conformaban sus filas, tan solo 12.000 se reincorporaron a la vida civil y el resto se fue a conformar las disidencias.
¿Qué dice el Gobierno?
El propio Gobierno Nacional, a través del alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, corroboró estas cifras e hizo énfasis en los incumplimientos con la entrega de bienes.
Según el consejero Archila, con corte al 14 de mayo de 2020, se han recibido $2,114,350,000, de los más de 12.070 millones que reportaron las Farc para la reparación de las víctimas, lo que quiere decir que aún faltan alrededor de 10.000 millones.
“Se reportaron $450,000 USD que fueron entregados en su totalidad y monetizados para un valor total en pesos de $ 1,442,622.675. En el momento de la entrega se revisó la autenticidad de las divisas y se determinó que las FARC habíam entregado $1.500 dólares falsos”, sostiene el informe del funcionario del Gobierno.
De los inmuebles reportados por la desmovilizada guerrilla, tan solo se han recibido ocho de los 722 que prometieron.
“Los delegados FARC confirmaron en reuniones registradas en actas que (136 inmuebles no serían entregados). Se tienen 578 pendientes de entrega, de estos FARC ha proporcionado al menos un punto coordenado de 196 ítems. Se está a la espera que FARC proporcione al menos un punto coordenado de 390 ítems o que confirme si dichos ítems no serán entregados”, añaden.
El reporte del Gobierno Nacional indica que hay un serio incumplimiento en la entrega de semovientes que estaban en poder de las Farc, ya que de las 24.456 cabezas reportadas, tan solo se han recibido 229.
El alto consejero para la Estabilización, en el documento afirma que las Farc, “reportaron 25,000 gramos en joyas y 440,020 gramos de oro, de los cuales se han recibido 2.540 gramos de las joyas y 252,500 gramos de oro entre lingotes y oro granulado”.
Asimismo, indica que hasta este momento no se ha entregado ningún vehículo de los 319 que fueron reportados por los delegados de la desmovilizada guerrilla.
Cuestionamientos a la JEP
La senadora Paloma Valencia también intervino en el debate para cuestionar a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), advirtiendo el enorme gasto en el que tendrá que incurrir el Estado para mantener el funcionamiento de la misma.
“Seis billones de pesos nos va a costar la JEP en estos años, 293.000 millones en este año, 900 funcionarios, 38 magistrados de 34 millones, cada uno con 3 magistrados auxiliares de 26 millones mensuales, pagan 1.550 millones de arriendo mensual y ha tenido, el año pasado 1.000 millones de pesos en incapacidades y 3.000 millones gastados en publicidad. El funcionamiento de la JEP va a costarnos 5 veces más que Justicia y Paz, entonces un pedido es que al menos tengamos 5 veces más de esos resultados”, manifestó.
Valencia también exigió a la JEP que se inicie la búsqueda de varios cabecillas de las Farc que hasta hoy no se han sometido al proceso de paz. También cuestionó que algunos miembros de la jurisdicción hayan pertenecido en el pasado a corrientes políticas de izquierda que se declaraban como enemigos políticos de Álvaro Uribe.
