La Procuraduría General alertó sobre el bajo índice de cumplimiento de la política de vivienda rural en Colombia e hizo un llamado a Fiduagraria, al Banco Agrario y al Ministerio de Agricultura para que se tomen medidas que permitan atender a esta población.
Además, advirtió que a través de 19.455 casos, los jueces de restitución de tierras han ordenado proteger y cobijar a las familias víctimas del conflicto armado.
Según el órgano de control disciplinario, se evidencia un incumplimiento del 93% de las sentencias de parte de Fiduagraria, entidad que se encarga de ejecutar los subsidios de vivienda rural en el país.
“De 1.489 órdenes de vivienda priorizadas durante las vigencias 2018 y 2019, se evidenció que Fiduagraria, entidad ejecutora de los subsidios de vivienda rural, presenta un rezago de 1.392 peticiones, lo que equivale a un incumplimiento del 93% a las órdenes judiciales en esta materia”, expresó en un comunicado la Procuraduría.
Debido a esto, el Ministerio Público requirió a la presidenta (e) de Fiduagraria, María Cristina Zamora Castillo, para que explique y entregue además un balance de la ejecución de los fallos sobre restitución de viviendas rurales.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural también deberá explicar las razones por las que no se han cumplido las sentencias, e informar qué tipo de programación se ha habilitado para ello.
También se evidenció un retraso en el desarrollo de los programas de vivienda rural, por lo que el presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, fue requerido por la Procuraduría para que responda frente a esta situación.
“De no producirse cambios frente a la política de vivienda rural y al cumplimiento de los fallos de restitución, aumenta el riesgo de que los campesinos enfrenten la pérdida de su identidad, de las prácticas culturales del relacionamiento con la naturaleza, se profundiza la ruptura del tejido social y la amenaza frente a la falta de medios para su subsistencia y la soberanía alimentaria del país, riesgo que se acrecienta en momentos de pandemia”, expresó la Procuraduría.
Finalmente, el Ministerio Público le pidió al Gobierno hacer los cambios que se requieran para garantizar que la política de vivienda rural llegue hasta las víctimas de despojo y abandono de tierras, “de manera que las familias campesinas tengan garantías para retornar y permanecer en los territorios de los que fueron desplazados, como lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia C-588/19”.
