Una recusación presentada contra todos los senadores de la Comisión Primera dilató y de qué manera, la discusión en séptimo debate de la reforma de prisión perpetua para violadores de niños.
Este recurso presentado para obligar a los congresistas a declararse impedidos en la votación, fue calificado por el presidente de la Comisión, Santiago Valencia, como un acto de “filibusterismo grosero y rampante” de quienes se oponen a la iniciativa.
Sin embargo, dicha recusación fue enviada al Comité de Ética para que fuera resuelta y así lo hizo el presidente de esa corporación, Carlos Abraham Jiménez, quien rechazó la solicitud.
“Se determina la improcedencia del trámite, toda vez que no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 64 de la ley 5ª de 1992, referente a aportar los elementos probatorios que soportan la recusación (…) Resulta inocuo dar trámite a la recusación sin cumplirse con los requisitos de procedibilidad, por lo tanto se devuelve a la Comisión Primera”, indica la respuesta de Jiménez, leída por el secretario general.
Sin embargo, esto generó un nuevo enredo entre los senadores, quienes advirtieron que debió ser la Comisión de Ética en su conjunto y no el presidente, la que tramitara el asunto.
El senador Rodrigo Lara dijo que “esto es inusual, me parece más un atajo para surtir un trámite y surtir un obstáculo, más que una decisión”.
Sin embargo, el senador Miguel Ángel Pinto, ponente del proyecto, manifestó que la decisión del presidente de la Comisión de Ética debe respetarse.
“Simplemente rechaza de plano la recusación porque no cumple los requisitos, ya tomó una decisión e incluso este auto es de obligatorio cumplimiento y nos corresponde respetar la decisión que se haya tomado en la Comisión de Ética porque no tenemos la competencia, ni somos los superiores de la Comisión de Ética”, explicó.
El senador Armando Benedetti respaldó esta posición y defendió vehementemente la institucionalidad del Congreso de la República.
“El presidente de la Comisión de Ética interpretó qué es lo que se debe hacer, eso es parte de las funciones de la Presidencia, no solo lo que diga el recusador. Si el competente para resolver el tema dice que no y hay un problema, pues que se denuncie al señor Carlos Abraham, pero no digan más que somos unos bandoleros que nos estamos poniendo de acuerdo para cometer un delito”, manifestó.
Después de más de 10 horas de debate, la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado decidió levantar la sesión y aplazar convocar para martes a votación de las ponencias negativas y positiva de la reforma de prisión perpetua para violadores de niños.
