El Consejo de Estado reprogramó para el próximo 17 de septiembre la audiencia en la cual se debatirá la viabilidad del uso del fracking en el país.
El aplazamiento se dio porque la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se quedó sin abogado por lo cual el despacho del magistrado Ramiro Pazos tuvo que darles un tiempo para conseguir uno.
Sin embargo, advirtió que si no lo consiguen para la fecha de audiencia, ésta no se va a aplazar. “La no designación oportuna del representante judicial de cualquier interviniente procesal no impedirá la continuación normal del proceso, ni la parálisis y/o dilación del mismo”, dijo.
También trascendió que la Asociación Colombiana de Petróleos pidió más tiempo para analizar el informe de la Universidad Nacional sobre la viabilidad del uso de la técnica.
Al parecer, ese informe no les llegó por la suspensión de todos los procesos judiciales debido a la pandemia del coronavirus.
“El auto del 11 de marzo de 2020, que dispuso correr traslado de la pericia y fijar fecha para llevar a cabo la audiencia de contradicción del dictamen, fue notificado durante la suspensión de términos (16 de marzo de 2020). No le fue allegada la experticia oportunamente para su conocimiento, y no pudo tener acceso a la misma, sino hasta la fecha en que se levantó la suspensión de términos judiciales -1 de julio de 2020”, señala la decisión.
Fuentes cercanas al proceso explicaron que en esa audiencia se analizará el informe de la Universidad Nacional que no recomienda el uso de la técnica del fracking.
Ese informe se entregó en marzo y señala que las normas “no cumplen con las exigencias técnicas para considerar manejables los riesgos derivados”, tanto geológicos y de ingeniería, como al medio ambiente y la salud de la población aledaña.
Lo anterior quiere decir que no hay garantía de que la compañía que se encargue del uso de la técnica, “identifique todos los riesgos ni hay garantía de que formule planes de manejo adecuados”.
Ese mismo informe crítica que las resoluciones expedidas por el Gobierno no contaron con los conceptos de otras dependencias como el Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura.
Por otro lado, el magistrado Nicolás Yepes estudia una demanda contra el decreto que fijó los lineamientos para adelantar proyectos piloto de fracking.
