El presidente venezolano Nicolás Maduro y los ministros más importantes de su gobierno están vinculados con posibles «crímenes de lesa humanidad», afirmó este miércoles una misión de la ONU al presentar un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en ese país.
«La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad», dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, citada en un comunicado.
«Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno», agregó Valiñas.
Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política, que se profundizó en 2019 cuando el líder opositor y titular del parlamento, Nicolás Guaidó, se proclamó presidente encargado del país, luego de declarar que Maduro usurpó el cargo tras reelegirse en unos cuestionados comicios un año antes.
En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la situación en el país al presentar un informe en el que denunciaba «detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso» y casos de «tortura y desapariciones forzadas».
En esta ocasión, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un exhaustivo informe de 443 páginas.
Además, estudió otros 2.891 casos para «corroborar los patrones de violaciones y crímenes», como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
No obstante, esta misión no pudo visitar Venezuela, debido a que «el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes» y a las restricciones de viaje en vigor debido a la pandemia del nuevo coronavirus y realizó 274 entrevistas a distancia, explica el informe.
Si bien la misión reconoce «la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público», constató que «el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela».
