El estudio «Defensoras, voces de vida y resistencia» reveló que, entre 2013 y 2019, han sido agredidas 1.336 mujeres con liderazgo social en distintas condiciones en el país y evidenció algunos de los elementos contextuales de esas situaciones de agresión registradas.
El informe indica que la condición de ser mujer agrava la situación de muchas lideresas, a lo que se suman expresiones de clasismo y racismo que se han aumentado en los últimos años en el marco de la implementación de los acuerdos de paz.
“Es claro que la persistencia de las múltiples formas de violencia que enfrentan las defensoras está ligada a las profundas brechas de discriminación por razón al género”, indicó el estudio que analizó casos en ese lapso de siete años.
Esas situaciones analizadas, “se agravan por el entramado de expresiones sexistas, racistas, clasistas que ubican a las mujeres en condiciones de mayor discriminación”, agregó el documento conocido por RCN Radio.
Dentro del análisis también se hace un llamado al Gobierno debido a que se afirma que en cuanto a la implementación de los acuerdos firmados con la antigua guerrilla de las Farc se debe garantizar el trabajo de lideresas y líderes de todo el territorio nacional.
“Estos hechos se han incrementado en el tiempo, especialmente en los últimos años y en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz; lo que permite insistir en la responsabilidad del Estado en el cumplimiento del acuerdo”, indicó el estudio.
Esto se debe tomar como “condición necesaria para avanzar en materia de garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los Derechos Humanos”, añade el análisis hecho en el marco del Programa Somos Defensores.
Cabe destacar que el reporte de las más de 1.300 agresiones se registraron por medio del Sistema de Información de Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, el cual hace parte de ese programa, según el estudio.
Allí se propone, además de implementar los acuerdos, realizar seguimientos concretos a las situaciones de las lideresas en el país, la implementación de alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo y promover su participación en decisiones nacionales.
