Los movimientos raizales de la isla de San Andrés dicen que la detención domiciliaria del gobernador Everth Hawkins, es una persecución política.
El Movimiento Amplio Por el Progreso del Archipiélago –MAPPA– y demás partidos de la coalición como Colombia Renaciente y Alianza Social Independiente, rechazaron tajantemente la medida de aseguramiento impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá.
Esos movimientos también dicen que son injustas las investigaciones de la Fiscalía por presuntas irregularidades en un contrato por 86 millones de pesos, en medio de la pandemia.
Por su parte, el movimiento raizal The Archipelago Movement for Ethnic Native Self-Determination AMEN-SD dice que la decisión judicial afectara sus derechos políticos a elegir un gobernante de su elección.
“La vulnerabilidad y riesgo inminente en el que se encuentran expuesto los derechos políticos a la Autodeterminación y el Autogobierno del Pueblo Raizal del Archipiélago, al ser usurpados nuevamente por el Centro”, señalaron a través de un comunicado sobre la detención del mandatario local.
Por eso anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) en busca de proteger sus derechos políticos y los derechos del gobernador detenido.
Para esos movimientos esa decisión judicial ataca a sus territorios exponiéndolos a una crisis de gobernabilidad.
“Poniendo en riesgo la garantía de los derechos a la vida, a la salud, la dignidad humana y demás derechos económicos, sociales y culturales conexos del Pueblo Raizal, así como del resto de la población del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.
También solicitaron al presidente Iván Duque que en aras de proteger sus derechos políticos y raizales, designe en encargo a un miembro del pueblo Raizal del Archipiélago, «y por el contrario se abstenga de nombrar una persona ajena a nuestro territorio».
