El estudio del caso le correspondió al magistrado Antonio José Lizarazo, quien tendrá que estudiar la accióny proyectar una ponencia.
Cabe mencionar que la demanda advierte que “el estigma del aborto, es una de las principales barreras para las mujeres que buscan interrumpir un embarazo no deseado”.
Las demandas plantean a ese tribunal que ese artículo ‘es injusto’ con las mujeres y vulnera sus derechos fundamentales “como la salud, la igualdad, la libertad y sobre todo, porque su existencia desconoce la ciudadanía de las mujeres”.
Una de esas acciones menciona cifras de un informe sobre judicialización del aborto en Colombia de la Fiscalía General de la Nación, que indica que el 97% de las mujeres denunciadas por aborto pertenecen a zonas rurales; el 3% provienen de zonas urbanas y un 30% fueron víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales.
El análisis también advierte que entre el 1% y el 9% de los abortos se practican dentro del sistema sanitario, lo que “quiere decir que la mayoría de las mujeres recurren a abortos clandestinos, que ponen en peligro su salud, sus vidas y su dignidad”.
La fundadora de la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres, Ana Cristina González, dijo que “lo que pedimos es que se elimine el delito de aborto del Código Penal, pero que nuestro país mantenga la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha regulado cómo deberían prestarse los servicios a las mujeres, con el fin de que se preste un servicio integral a la mujer”.
Finalmente, también está en curso otra demanda que presentaron dos abogados bajo el argumento de que la norma tal cual como está, obliga a la mujer a concebir una familia, violando su derecho al libre desarrollo de la personalidad, igualdad y decidir de forma libre, autónoma e informada, sobre su cuerpo y su sexualidad.
