Con la participación de varias organizaciones de salud en el país se desarrolló en la comisión séptima del Senado, la audiencia pública del proyecto de ley 010 que pretende modificar el sistema de salud colombiano.
Representantes de diferentes entidades destacaron las ventajas de la iniciativa, pero también las afectaciones que se podrían dar con las nuevas disposiciones en ese sector.
El director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, aseguró que esta ley tiene como objeto un ajuste, más no es un reforma en el sistema de salud.
“Ojalá fuera una ley que tenga como objeto una reforma estructural y profunda al sistema y para llegar a eso, se tienen que resolver muchas de las observaciones, limpiar muchos de los textos para que los títulos y los nombres de los artículos tengan que ver con la redacción y los desarrollos que se proponen”, manifestó.
Dijo que ese proyecto tendrá que ser analizado, estudiado y debatido con todas las garantías, por todas las partes.
Por su parte, el presidente del Colegio Médico Colombiano, Roberto Baquero, destacó que existen varios interrogantes sobre el cambio de las EPS a aseguradoras.
“No entendemos cuál es el objetivo de este cambio de nombre que se está proponiendo el nombre de ley de EPS a aseguradoras. Lo otro es el nombre de prima, al llamarse así hace que se vuelva privado y no sabemos cómo quedan los recursos públicos de dedicación exclusiva”, manifestó.
El presidente de Acemi, Gustavo Morales, indicó que no estaba de acuerdo con el ministro de salud, Fernando Ruiz, quien dijo que no se ha pensado en los usuarios o pacientes en el sistema de salud.
“Quiero recordar que el Congreso logró aprobaciones muy importantes en materia de tecnologías y precios de alimentos y en este Gobierno está la reforma a la Superintendencia de Salud y el Plan de desarrollo, además se creó el presupuesto de valores máximos”, subrayó.
El directivo manifestó que este proyecto acoge unas cosas que son fruto de las lecciones de la pandemia e hizo una invitación a la comisión «para que se haga un ejercicio con el cual todos podamos evaluar las lecciones de la pandemia”, dijo.
La Sociedad Colombiana de Medicina Familiar afirmó que este proyecto no es viable y que por el contrario es inconstitucional.
“Este proyecto no avanza porque se aumentan las barreras en el sistema de salud. Este proyecto no acoge las necesidades, desconoce la legislación sobre el talento humano, por lo que consideramos que no es conveniente y es inconstitucional”, manifestó Otto Hamann, presidente de esa entidad.
Agregó que “el 30% de los profesionales tenemos una acreditación de alta calidad y nos desconocen dándonos un trato de segundo plano, porque no ven la importancia de nuestra profesión que es necesaria y fundamental».
