La oposición venezolana asumió este martes el control del Asamblea Nacional con la mayoría calificada de 109 diputados, en una atropellada sesión que concluyó con el retiro de los oficialistas molestos porque sus adversarios presentaron una agenda que incluye amnistía para presos políticos y cambio de gobierno.
Entre gritos de uno y otro bando, se juramentaron 163 de 167 diputados de la Asamblea Nacional, al imponerse un reciente fallo judicial que suspendió la proclamación de tres opositores y un oficialista mientras resuelve el fondo de impugnaciones que presentó el chavismo por supuestas irregularidades en la votación.
El nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), el diputado opositor Henry Ramos Allup, confirmó que la oposición buscará este año adelantar el fin del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En seis meses se decidirá la “salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este Gobierno” lo que, junto a una Ley de amnistía a favor de “presos políticos”, son “compromisos no transables“, remarcó en su primer discurso tras ser investido como jefe del Legislativo.
Las fuerzas opositoras han anunciado que sus dirigentes acordaron en julio pasado darse a partir de hoy un lapso de medio año para definir “la vía constitucional” para una salida anticipada del poder de Maduro, elegido en 2013 para un período que vence en 2019.
Las opciones para ello, recordó, son el referendo revocatorio del mandato presidencial -puede activarse cuando Maduro cumpla en julio la mitad de su gestión-, la enmienda constitucional, la renuncia voluntaria del gobernante o el establecimiento de una Asamblea Constituyente.
En su primera reacción a la instalación de la Asamblea Nacional, Maduro denunció que la oposición ha intentado, desde que asumió la Presidencia en abril de 2013, sacarlo del poder por distintas vías, pero señaló que será “el pueblo” quien decida “con la Constitución en la mano“.
“Allí estaré yo respaldando la defensa de la democracia y la estabilidad con mano de hierro, a mí no me van a hacer ni retroceder ni temblar. Yo estoy muy tranquilo“, declaró a la televisión oficial. (Lea aquí: Maduro advierte que defenderá con “mano de hierro” estabilidad democrática)
Amnistía para ‘presos políticos’
La mayoritaria bancada opositora del nuevo Parlamento de Venezuela también puso este martes en agenda una ley de amnistía para presos políticos, en la agitada ceremonia de instalación de la Asamblea Nacional.
“En primer lugar una ley de amnistía y reconciliación para que no haya exiliados, ni procesados, ni presos políticos, para que nadie sea preso por pensar diferente en Venezuela“, dijo desde la tribuna del hemiciclo Julio Borges, jefe de la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), al presentar la agenda opositora entre gritos de rechazo de los chavistas.
Esta amnistía para políticos presos planteada por la oposición abrirá la batalla en el nuevo parlamento venezolano, donde la ahora minoría chavista promete impedir que algunos de sus mayores adversarios, como Leopoldo López, vuelvan a escena.
Amparada en una amplia mayoría, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) quiere golpear fuerte desde el inicio indultando a unos 75 detenidos como uno de sus primeros actos de la legislatura que arrancó este martes.
Pero aún con esa ventaja, a la MUD le espera un intrincado camino para poder ver en libertad a dirigentes como López, líder de su ala radical; al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; o al excandidato presidencial Manuel Rosales.
La denominada ley de amnistía y reconciliación busca que “no haya exiliados, ni procesados, ni presos políticos, para que nadie sea preso por pensar diferente“, dijo Julio Borges, jefe de la fracción de la MUD, al presentar la agenda legislativa este martes.
El proyecto incluye a miles de “perseguidos” y exiliados por su oposición al chavismo, declaró Delsa Solórzano, a cargo de la iniciativa.
Aduciendo que algunos de sus potenciales beneficiarios son violadores de derechos humanos, el presidente socialista Nicolás Maduro advirtió que no aceptará “ninguna ley de amnistía“.
“Los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar“, sostuvo Maduro a principios de diciembre, aludiendo en particular a protestas que buscaban su renuncia y dejaron 43 muertos, cientos de heridos y detenidos entre febrero y mayo de 2014.
La MUD quiere aprobar la ley en las primeras sesiones e incluir a “perseguidos políticos” (personas con alguna acusación judicial), de los cuales, según Solórzano, se contabilizan 4.700 casos desde las protestas de 2014.
“Amnistía ya“, se leía en una pancarta que llevó Lilian Tintori, la esposa de López, al Parlamento este martes.
Juristas aseguran que Maduro no tiene facultad para bloquear la ley, aunque podría impugnarla ante la Sala Constitucional, una poderosa instancia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Trece magistrados del TSJ fueron nombrados por la saliente mayoría chavista en tiempo récord durante sesiones extraordinarias, como parte del blindaje ante el nuevo escenario legislativo.
Cuando reciba la ley, Maduro tendrá diez días para vetarla o aprobarla, pero en cualquier caso la Asamblea Nacional (el parlamento) la puede promulgar.
Control político a Maduro
El presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Allup, confirmó que “en los próximos días” debe recibir en el hemiciclo a Maduro y lo hará “con dignidad y respeto”.
“En los próximos días vendrá aquí el presidente de la República a rendir su mensaje anual, él y sus ministros, a rendir memoria y cuenta; lo vamos a recibir con dignidad y respeto, no por rendirle culto a nadie sino porque esa es nuestra condición cívica”, dijo.
Ramos Allup, uno de los más acérrimos opositores a Maduro, recordó que los diputados no tienen entre sus atribuciones aprobar o no el balance anual de la gestión presidencial, pero advirtió que sí el de los ministros.
“No tenemos facultad constitucional para aprobar o improbar (sic) el mensaje (presidencial), pero sí para debatir sobre él y emitir un pronunciamiento político y eso es lo que vamos a hacer”, y en el caso de los ministros, llamó a que sean interpelados.
“Ustedes, diputados, deben interpelar a los ministros, preguntarles, exigirles informaciones y de allí derivar una conclusión respecto de la gestión de los despachos con los dineros públicos de los venezolanos”, advirtió.
También dijo que se le pedirá a Maduro dialogar públicamente con la oposición, porque “los venezolanos quieren diálogo”.
“Las sociedades civilizadas o dialogan o se matan. Diálogo no supone entrega ni transacción, ni claudicación ni cobardía; supone simplemente intercambio de opiniones para transacciones, en el buen sentido de la palabra, que haya que hacer para mejorar”, señaló.
Deben ser, prosiguió, “diálogos públicos” y que previamente “se conozcan los contenidos” y luego “sus resultados”.
Aunque repitió que no convertirá el Legislativo “en trinchera para disparar a mansalva contra otros poderes”, Ramos Allup anunció que el Legislativo asimismo controlará al “indebidamente constituido” Poder Judicial, al que acusó de estar “al servicio del Ejecutivo”.
También fiscalizará a la Fiscalía, a la Contraloría, “que no controla nada”, y al Poder Electoral, “el más perfecto y blindado del mundo”, remarcó con sarcasmo.
Los diputados elegidos en los comicios de diciembre pasado tomaron posesión hoy de sus cargos con lo que se puso fin a la hegemonía parlamentaria chavista de los últimos 17 años, después de que la oposición obtuviera una mayoría de 112 diputados frente a los 55 conseguidos por el oficialismo.
Sin embargo, aún no está claro qué pasará con las cuatro credenciales de los diputados impugnados del estado Amazonas (sur), tres opositores y un chavista, que no fueron aceptados inicialmente en la instalación de la nueva asamblea.
Por: EFE y AFP
