«Pido la ayuda de China, pido la ayuda de (su presidente) Xi Jinping (…) con su experiencia científica, tecnológica, económica, para que la Ley Antibloqueo sea la expresión de nuevas asociaciones en el crecimiento de la economía real», dijo el mandatario durante una reunión en Caracas con empresarios de ese país asiático.
Maduro aseguró que explicará este asunto a su homólogo chino en una carta que no aclaró si ya envió o cuándo prevé enviársela.
«Invitamos a China, en toda su integridad, a todas las empresas públicas o mixtas y privadas de China para que vengan, a través de la Ley Antibloqeo, y tomen posición adelante en la inversión para el desarrollo en los términos de la cooperación estrecha entre China y Venezuela, en los términos de ganancia compartida», prosiguió.
En este sentido, Maduro dijo a los empresarios chinos que Venezuela está abierta a la inversión en la petroquímica, así como para ampliar inversiones en los complejos y sistemas refinadores y «a todos los niveles de la industria energética de Venezuela».
«Estamos abiertos, listos y prestos para avanzar aceleradamente en las inversiones del oro, del hierro, acero, aluminio, piedras preciosas (…) la Ley Antibloqueo lo permite todo, hagámoslo, construyámoslo en una nueva etapa», sostuvo.
Así mismo, el presidente venezolano mostró la posibilidad de que nuevos capitales sirvan para la construcción de «polos turísticos especiales para el turista chino» que eventualmente, sugirió, se pudieran llevar a cabo en las zonas vírgenes del mar Caribe venezolano.
Ley que anula leyes
La Ley Antibloqueo fue aprobada en octubre por la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas y no reconocida por varios países, luego de un único debate en el que no se discutieron los 44 artículos, sino que tres oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia.
Este marco legal tiene como razón de ser, según su artículo 1, proveer al «poder público» de herramientas jurídicas para «contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición» de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos.
Según el artículo 19, «cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños (de las sanciones)» el Ejecutivo procederá a «inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente».
La ley fue redactada y propuesta por Maduro, según él mismo, y tendrá vigencia hasta que cesen todas las sanciones impuestas que, según el Ejecutivo, son más de 300 solo las aplicadas desde Estados Unidos.
