Luego de que varios políticos colombianos señalaran que el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, e incluso, agentes de la DEA –la Administración de control de Drogas de Estados Unidos-, le habrían tendido una trampa y hecho un montaje al disidente de las Farc, Jesús Santrich, para vincularlo con asuntos de narcotráfico, la Embajada estadounidense emitió un comunicado en el que resalta que la DEA siempre sigue procedimientos que cumplen con las leyes de Estados Unidos y Colombia y que cualquier afirmación en sentido contrario no tiene fundamento.
«La Administración de control de Drogas (DEA) y otros representantes de la aplicación de la ley de Estados Unidos en Colombia trabajan en estricto cumplimiento de las leyes de Estados Unidos y de Colombia y bajo la supervisión de los fiscales de ambos países. La DEA y otras agencias siguen procedimientos sobre el desarrollo de casos y métodos de investigación que cumplen con las leyes de Estados Unidos y Colombia. Cualquier afirmación en sentido contrario no tiene fundamento y sólo socava nuestro esfuerzo conjunto para combatir el crimen transnacional», indica el comunicado.
Sin hacer mención a ningún caso o personas para emitir este comunicado, Estados Unidos reiteró que tanto la DEA, como otros representantes que aplican la ley de Estados Unidos en Colombia mantienen una cooperación para «la aplicación de la ley y la extradición» que «ha combatido durante muchos años el tráfico de drogas, el turismo y el abuso sexual de niños, la trata de personas, la corrupción transnacional y el terrorismo, entre otros delitos».
La sede diplomática recordó también que ya son al menos 1.000 millones de dólares que ha destinado para la aplicación del acuerdo de paz entre Colombia y las antiguas Farc, un acuerdo que apoya.
«El gobierno de Estados Unidos ha contribuido con más de 1.000 millones de dólares en los últimos cuatro años a las causas de seguridad ciudadana, desarrollo económico inclusivo y sostenible, reforma agraria y plena participación económica, política y social de las comunidades afro e indígenas que han sido fuertemente afectadas por el conflicto».
