La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana); Estudios y Proyectos del Sol (Episol); Concesionaria Ruta Del Sol en liquidación y Gabriel Ignacio García Morales, por idear y ejecutar un sistema restrictivo de la libre competencia durante la adjudicación y ejecución del contrato “Ruta del Sol tramo II”, que en una primera fase incluyó un acuerdo anticompetitivo que les permitió garantizar la adjudicación del contrato.
Esa entidad señaló que hubo pagos irregulares que se materializaron a través de la instrumentalización de diferentes contratos, lo que les permitió dividir los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo y en forma concomitante, desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual con la finalidad de extraer indebidamente la mayor utilidad posible del proyecto.
Teniendo en cuenta estos actos, la entidad decidió sancionar con 295 mil millones de pesos a las empresas anteriormente mencionadas y a cuatro personas naturales, por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado el sistema restrictivo de la libre competencia económica.
A la multinacional brasileña Odebrecht le corresponde pagar cerca de 174 mil millones de pesos, mientras que para Corficolombiana la sanción asciende a 55 mil millones de pesos.
Por su parte, Episol tendrá que pagar 33 mil millones de pesos y la Concesionaria Ruta del Sol deberá pagar 221 mil millones de pesos.
En cuanto a las personas naturales, se sancionó a tres altos ejecutivos de Odebrecht. Se trata de Luis Antonio Bueno con 1.755 millones de pesos, Luis Antonio Mameri con 1.228 millones de pesos y Yezid Augusto Arocha con 185 mil millones de pesos; al igual que el expresidente de Corficolombiana, Jose Elías Melo.
La investigación adelantada por la Superindustria dejó en evidencia que al viceministro de Transporte para la época de los hechos, Gabriel Ignacio García Morales, se le giraron 6,5 millones de dólares para que la obra fuera adjudicada al conglomerado.
Estos giros fueron programados a partir de marzo y hasta septiembre de 2010 con el nombre clave de ‘costeño’.
“Dichos pagos se realizaron a través de Enrique José Ghisays y la empresa Lurion Trading y fueron girados por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, empleando recursos económicos no contabilizados vía offshore”, indicó esa entidad.
De la misma forma, quedó en evidencia el ‘modus operandi’ de la constructora a través de una compleja y sofisticada estructura ilegal que contempló un reparto específico de diversos roles y distintas tareas o funciones, creada para que existiera y funcionará de manera concertada y plenamente coordinada, con la finalidad de cometer diferentes comportamientos ilegales inequívocamente dirigidos a limitar la libre competencia económica.
