La Corte Constitucional recibió una solicitud con alerta para que se inicie un seguimiento y vigilancia, con el fin de que se cumplan las ordenes dadas en el 2017 y el 2019 sobre la posibilidad de retornar al uso del glifosato para la eliminación de cultivos ilícitos.
Las peticiones fueron elevadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras se Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) que denuncian incumplimientos del Gobierno a esas ordenes judiciales.
Estas organizaciones señalan que “las fuertes presiones que se ejercen” para usar el herbicida estarían poniendo en riesgo “las decisiones judiciales, las garantías democráticas, los derechos culturales, a la salud, el ambiente y la paz, las obligaciones de Derechos Humanos”.
A través de un comunicado, las organizaciones expusieron la necesidad de evaluar “una medida provisional de suspensión de actuaciones administrativas (…) para el regreso de las aspersiones, hasta tanto no se brinden los escenarios de participación” de la población que posiblemente se vería afectada por el herbicida.
En esas decisiones judiciales (Sentencia T – 236 de 2017 y Auto 387 de 2019) la Corte pone como último recurso el uso de las aspersiones aéreas.
La Corte advierte además que el Gobierno debe cumplir los acuerdos de paz en materia de erradicación, esto es aplicar la erradicación manual de cultivos ilícitos; si eso fracasa, deberá acudir a la erradicación forzada que, en otras palabras, es acudir a las autoridades como la Fuerza Pública para la erradicación de cultivos ilícitos.
La Corte dice también que si ninguno de los dos puntos funciona, el Gobierno podrá volver al uso del herbicida, siempre y cuando exista un estudio científico y técnico que certifique que el uso del glifosato no va a afectar la salud y el medio ambiente.
Poblaciones indígenas, como las del departamento del Chocó, han denunciado el retorno de las aspersiones sin cumplir previamente esos requisitos, lo cual dicen que les está afectando la salud, el medio ambiente y los cultivos de pan coger.
En ese sentido, la Corte Constitucional iniciará el próximo año analizando la petición del Cajar y la Coccam.
