El Consejo de Estado ordenó crear una política criminal y penitenciaria con enfoque de género para erradicar la violencia contra las mujeres que se encuentran privadas de la libertad y en condición infrahumanas por el hacinamiento carcelario.
El llamado también se hizo al Congreso para que detenga “el populismo punitivo” en el diseño de las penas y medidas de prisión contra las mujeres.
Las ordenes del Consejo de Estado al Ministerio de Justicia están encaminadas a que presente un proyecto de ley al Congreso que modifique la forma de juzgar a las mujeres, es decir, que se tenga en cuenta no sólo el delito cometido sino las circunstancias y el contexto en el que se cometió.
“Mujeres vulnerables frente a ciertas violencias específicas basadas en el género, o que las condenan a la marginación social y económica, y las conducen (…) a la comisión de los delitos más comunes y las ponen en situación de desventaja por su género ante al derecho penal y penitenciario”, señala la sentencia.
El análisis que hizo el Consejo de Estado para emitir esa orden, se basó en que “la mayoría de las mujeres que están presas o detenidas pertenece a estratos socioeconómicos muy bajos, son cabeza de familia y delinquen por razones relacionadas con su vulnerabilidad económica”.
Así las cosas, en los casos de estupefacientes, la mayoría de las mujeres no tiene información valiosa que ofrecer a las autoridades, por lo cual muy pocas veces obtienen rebajas de condena por colaboración como sí pasa con los hombres.
“Debe detenerse el encarcelamiento masivo de mujeres que alimenta un sistema carcelario colapsado que las impacta “de manera diferenciada y desproporcionada”. Y finalmente, el sistema carcelario debe superar la tendencia de relegar a las mujeres a reducidos espacios sobrantes dentro de una infraestructura construida y administrada para hombres”, sostiene la sentencia.
Esa orden se dio al condenar al Ministerio de Justicia, el Inpec y a la Uspec, a pagar una indemnización a las reclusas del pabellón de mujeres de la cárcel El Cunduy, ubicada en Florencia (Caquetá), que hubieran estado presas entre el primero de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013.
Según la sentencia, cada una de las mujeres de ese pabellón vive en un espacio de dos metros cuadrados porque el lugar tiene capacidad para 25 internas, pero según las cifras que revela el fallo, al 2013 había 151 reclusas.
El lugar sólo cuenta con un aérea sanitaria, dos espacios para duchas y no tiene patio interno propio, tampoco un aérea de alimentación ,“por lo cual el servicio es llevado en recipientes a la misma reclusión”, se indica en la acción popular que presentaron las reclusas para proteger sus derechos.
Así mismo, las colchonetas para dormir se ubican en los pasillos, en la sala de televisión, incluso en los baños.
“Situación que resulta más precaria aún, debido a la misma condición humana, que no siempre es determinada por la voluntad sino por las reacciones corporales que a veces llegan intempestivamente y no dan espera (cólicos, vómitos, diarrea, etc.)”, sostiene el recurso que presentaron al Consejo de Estado.
