Ante el anuncio del presidente de la República, Iván Duque, acerca del cambio en la política sobre la protección de los líderes sociales, los congresistas Ángela María Robledo e Iván Cepeda, cuestionaron que la Defensoría del Pueblo pueda perder la independencia en la labor de las alertas tempranas sobre la violencia contra los líderes sociales.
El presidente Duque señaló que “habrá una metodología única de análisis, que tendrá como base fundamental las cifras que reposan en la Fiscalía y su capacidad investigativa”.
Este viernes, los parlamentarios de oposición le enviaron un derecho de petición al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el que le piden que aclare si esta entidad, «continuará realizando de manera autónoma e independiente, el registro y consolidación de una base de datos de conductas que atentan contra personas defensoras de Derechos Humanos».
«Al aceptar que sea la Fiscalía General de la Nación la que consolide las cifras como un mandato de Fiscalía y del presidente, Iván Duque, parecería que está renunciando a la obligación constitucional que tiene de mantener la alerta sobre los lugares donde pueda producirse asesinatos de líderes y lideresas. Necesitamos entonces una respuesta exhaustiva y contundente del Dr. Camargo», indicó la representante Ángela María Robledo.
En el documento legal, los congresistas advierten que renunciar a la documentación de agresiones a líderes y lideresas sociales, por petición de otra entidad del Estado, e incluso por solicitud del poder Ejecutivo, «socava su independencia, autonomía y significaría una inminente amenaza a la separación de poderes«.
El senador Cepeda afirma que la violencia contra los líderes sociales no se elimina reduciendo las cifras. «Ocultar ese gravísimo problema ayuda a crear un ambiente propicio para establecer un Estado de opinión en el que siga produciéndose estos asesinatos, tanto de líderes sociales como de excombatientes”, apuntó.
