De acuerdo a un informe expuesto por Medicina Legal en una audiencia pública en el Congreso, sobre la situación de los habitantes de calle en el país, se estableció que en los últimos cinco años han muerto 1.539 de estas personas.
De esta totalidad de casos, 1.018 han sido asesinados con arma blanca o de fuego (el 66,14%), lo que convierte el homicidio la mayor causa de muerte de este sector de la población.
En menor proporción, la muerte de los habitantes de calle se da por accidentes de tránsito, intoxicaciones con alcohol industrial y suicidios.
Este mismo informe señala que para 2017, la tasa de muerte de los habitantes de calle aumentó considerablemente y durante ese año se presentó el homicidio de 302 personas de esta población principalmente en Bogotá, Medellín, Cali y municipios como Bello (Antioquia) y Dosquebradas (Caldas).
La representante a la Cámara Ángela María Robledo, citante de la audiencia pública, señaló que pareciera que se esté presentando un exterminio urbano como una práctica sistemática.
«Después de este informe quedan enormes preguntas: ¿Hay un patrón de exterminio de los habitantes de calle? ¿Qué ocurrió en 2017 en el país pero de manera especial, cómo fue la intervención en el Bronx por parte del Gobierno de Enrique Peñalosa aumentó de manera desproporcionada el número de muertes de habitantes de calle?», señaló la congresista.
La congresista indicó que la situación de los habitantes de calle en materia de higiene siempre ha sido precaria por la falta de políticas públicas de los mandatarios locales hacia esta población.
«Esta falta de condiciones para los ciudadanos/as habitantes de calle es un problema estructural que tiene efectos desproporcionados, profundiza su estigmatización y vulnera su dignidad humana», indicó la congresista.
Y agregó: «No es posible que como lo denuncia Sebastián Lanz, de la Organización ‘Temblores’, que a la fecha existan sólo 533 baterías sanitarias en toda la ciudad que, además, tienen barreras de accesibilidad en las que además establecen horarios para ser utilizadas, medidas que claramente son discriminatorias para toda la población habitante de calle”.
