El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, señaló que los indígenas que mantuvieron retenidos a nueve militares, deben ser «condenados el delito de secuestro con penas de prisión entre 40 y 45 años».
Señaló además que debe adelantarse una reforma constitucional que permita que, ante este tipo de actos, los indígenas puedan ser juzgados por la justicia ordinaria.
Los militares fueron retenidos el pasado 8 de marzo por un grupo de indígenas de la comunidad Consuelo Bajo en la vía Quibdó–Medellín; sin embargo, con ayuda de la mediación de la Defensoría del Pueblo, en horas de la noche del 9 de marzo, los indígenas dejaron ir al grupo de militares del Ejército.
«Indígenas secuestradores de soldados son parte de red de valor de narcotráfico. Delincuentes que se amparan bajo jurisdicción indígena, convertida en garantía de impunidad, y que se esconden en algunos resguardos transformados en santuarios del crimen. Urge reforma constitucional», manifestó el consejero.
El consejero presidencial señaló, a través de su cuenta en Twitter, que «la Constitución consagró la jurisdicción indígena y los resguardos como garantía de derechos, no como privilegios para la delincuencia«. Y enfatizó en que «el desarrollo de ambas cosas y su mal uso requieren ajustes urgentes para que cumplan su propósito».
Este pronunciamiento ya tuvo eco en el Gobierno Nacional, donde la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, manifestó que «respetamos comunidades étnicas, su cultura y su autonomía. Pero no se vale que, amparados en sus derechos constitucionales, secuestren, desconozcan y ataquen a la autoridad legalmente constituida ¡A militares y policías debemos rodearlos y acompañarlos!».
Guarín también criticó la información dada por la Defensoría del Pueblo, la cual señaló que «fueron entregados a la misión humanitaria los nueve militares en custodia de la guardia indígena de El Consuelo parte baja, zona rural del Carmen de Atrato en Chocó. También fue devuelto su armamento y sus elementos de dotación oficial».
Guarín escribió en la red social: «Como “custodia” el hecho de que los indígenas hayan retenido a los uniformados. “Perdón! “En custodia”? Cuál “custodia”? Con qué facultad legal? Muy grave ese lenguaje, pues termina por legitimar un delito de secuestro cometido contra soldados de Colombia (sic)».
Aseguró además que este tipo de actuaciones, por parte de los indígenas, se dan «porque las personas dedicadas a los cultivos ilícitos son parte activa y fundamental de la red de valor del narcotráfico y esa actividad las liga directamente a quienes compran la pasta de coca o el clorhidrato de cocaína, al igual que a los grupos armados organizados que delinquen en esas áreas”.
