El Congreso de Perú oficializó este sábado la inhabilitación política por diez años del expresidente Martín Vizcarra, que aprobó el viernes tras someterlo a un nuevo juicio político por haberse vacunado el año pasado en secreto contra la covid-19.
La decisión, tomada con 86 votos a favor del pleno del Legislativo, fue publicada en el diario oficial El Peruano y también comprende la inhabilitación durante 8 años de la exministra de Salud Pilar Mazzetti y por un año de la excanciller Elizabeth Astete.
Las resoluciones legislativas, que impiden a los tres exaltos funcionarios ocupar cualquier cargo público durante el período de inhabilitación, apareció firmada por la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, y el segundo vicepresidente, Luis Roel.
En el caso de Vizcarra, esta decisión impedirá que sea parte del Congreso que se instalará este 28 de julio para el período 2021-2026, a pesar de que fue el candidato más votado en las elecciones del domingo pasado, con cerca de 164.000 sufragios.
El «vacunagate»
Vizcarra, Mazzetti y Astete fueron sometidos al juicio político en el marco del caso «Vacunagate», como se denomina a la vacunación en secreto de, al menos, 100 personas que no estaban vinculadas al ensayo clínico que hizo el año pasado el laboratorio chino Sinopharm en el país.
En el caso de Vizcarra, la acusación sostuvo que mintió al asegurar que fue voluntario del ensayo y cometió infracciones constitucionales cuando era el funcionario de mayor rango al servicio de la Nación y en pleno embate de la pandemia.
Mazzetti y Astete, quienes fueron ministras del actual Gobierno de transición que preside Francisco Sagasti y renunciaron tras destaparse el caso, también fueron encontradas responsables de infracciones a la Constitución peruana.
Durante el debate del pedido de inhabilitación, que se centró en Vizcarra, la mayoría de los congresistas lo acusaron de corrupto, otros aseguraron que debería ser inhabilitado de por vida e incluso alguno sostuvo que debía ser fusilado, además de atribuirle todas las consecuencias de la pandemia de la covid-19 en su país.
La defensa de Vizcarra
Tras confirmarse la sanción, Vizcarra acusó al Congreso de su país de «haber perdido legitimidad» y expresó su certeza de que logrará revertir la decisión en los tribunales peruanos e internacionales, ya que ha presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El exgobernante, quien fue destituido el pasado 9 de noviembre por el Congreso por «incapacidad moral», enfatizó que va a seguir todos los procedimientos legales y defendió «la expresión del pueblo en el voto popular» expresado en las elecciones del domingo. «En consecuencia no tenemos la menor duda de que esta decisión va ser revertida», reiteró.
Foto: AFP
