La Comisión Primera del Senado le dio vía libre en primer debate a un proyecto de ley que pretende otorgarle herramientas al Gobierno Nacional, para perseguir los bienes de los aliados que tiene el régimen de Nicolás Maduro en Colombia.
La iniciativa tiene el respaldo de la administración del presidente Iván Duque, ya que en su momento el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, quien falleció por cuenta del covid-19, le brindó todo su respaldo.
El proyecto es de autoría del senador Rodrigo Lara, quien explicó que se propone la creación de una ‘lista’ que contendrá los nombres de las personas que son señaladas de manejar negocios en el país con dineros del Gobierno venezolano.
“Buscamos que el Gobierno expida una lista denominada ‘Lista por la Restauración de la Democracia en Venezuela’, de tal manera que se prohíba, a quienes hacen parte de esa lista, la realización de cualquier tipo de negocios jurídicos, civiles o comerciales en el país y se le prohíba a cualquier otro colombiano la realización de ese tipo de actividades con ellos”, indicó.
Añadió que “las personas jurídicas obligadas a implementar un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, deberán reportar inmediatamente a la UIAF cualquier actividad relacionada con las personas que están en esta lista y también a la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos de la Fiscalía”.
Dijo que los bienes hallados en Colombia que estén relacionados con las personas que integren la ‘lista de la restauración’, podrán ser embargados o decomisados por las autoridades.
“Los fiscales de esa unidad deberán decretar las medidas cautelares correspondientes como embargo, secuestre y toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercio, unidades de explotación económica, sobre los bienes de las personas de esta lista y ponerlos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que tendrá la responsabilidad de su administración hasta que se restaure la democracia en Venezuela”, manifestó.
El senador Rodrigo Lara explicó que este proyecto de ley no afecta en nada las relaciones entre Colombia y Venezuela, las cuales seguirán siendo potestad del Gobierno en cabeza de la Cancillería.
“Las relaciones exteriores siguen bajo el control del Gobierno, pero los negocios en Colombia de violadores de derechos humanos, de narcotraficantes y lavadores de dinero del régimen venezolano, pues podrán ser monitoreados”, sostuvo el congresista.
