En su primera comparecencia ante el Congreso de la República a un debate de control político tras haber asumido como nueva canciller, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refirió a la crisis social que atraviesa el país y a la manera como el Gobierno nacional ha enfrentado el paro y los hechos de violencia.
Durante su intervención ante la plenaria del Senado, después de 18 años de haber sido legisladora, Ramírez también se refirió a la reforma tributaria, la cual, según ella, no fue bien socializada.
“El proyecto de reforma fiscal reconozco que desafortunadamente se socializó mal, no se trabajó adecuadamente en unos consensos con los partidos políticos, los de gobierno, los de la oposición, se ha debido hacer así y por esa razón cuando hubo tanta desinformación en la calle sobre cuál era el propósito de ese proyecto, el presidente ordenó retirarlo”, indicó.
“Pero era un proyecto dirigido a los más pobres, era un proyecto dirigido a garantizar ese ingreso y renta que hoy están pidiendo algunos de los que están justificando el paro, para garantizársela a los colombianos más pobres por un tiempo indefinido y tenía muchísimos elementos”, añadió.
La declaración de la canciller en el Congreso se dio en momentos en que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se encuentra tratando de concertar con los partidos políticos una nueva reforma fiscal que, según él, debe recaudar alrededor de 14 billones de pesos para sortear los problemas económicos.
En su intervención, la vicepresidenta y canciller también dijo que se encargará de mostrarle al mundo que Colombia es un país en donde se defiende la institucionalidad y en donde los ciudadanos quieren salir adelante.
“Nosotros lo que tenemos que mostrar en el exterior es que tenemos unas instituciones sólidas, independientes, una Procuraduría General de la Nación, una Defensoría del Pueblo, una Fiscalía, que cada una nos dice cada día como se está avanzando en las investigaciones”, indicó.
Fue enfática en afirmar que el Gobierno respeta la protesta pacífica, en la cual puede intervenir la Fuerza Pública cuando se presentan hechos de violencia, bloqueos y violaciones de los derechos de los demás colombianos.
Según Ramírez, el derecho a la protesta no es absoluto y no puede estar por encima de las demás personas, sobre todo de las que no participan en las movilizaciones.
