La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, se refirió al informe presentado por Human Rights Watch, titulado ‘Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes. Urge una reforma policial para prevenir futuros abusos’, y señaló que tendrán que ser las autoridades judiciales del país quienes pueden determinar si existe o no responsabilidad, por parte de integrantes de la Policía, frente a la vulneración de derechos humanos.
En el informe que fue socializado por José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, al presidente Iván Duque y otros integrantes del gabinete, se advierte que tras los hechos presentados desde el 28 de abril a la fecha, el Gobierno debería iniciar una reforma profunda «para garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia«.
«Colombia es un Estado social de derecho, abierto a la comunidad internacional y Human Rights es una organización no gubernamental, pero que nos amerita atención los análisis que allí se hacen. Sin embargo, vale la pena resaltar que el presidente de la República y todo el Gobierno, estamos obligados a respetar la institucionalidad de Colombia. Es la Fiscalía General de la Nación y las autoridades, que deciden en materia penal y disciplinaria, quienes pueden determinar la responsabilidad frente a la vulneración de derechos», manifestó Gutiérrez.
El informe presentado por Human Rights Watch también fue dado a conocer a la Vicepresidenta de Colombia y Canciller; el Director de la Policía; el Fiscal General; y el Director de la Justicia Penal Militar.
El doctor Vivanco y su equipo de trabajo, presentó sus preocupaciones en torno a vulneraciones de derechos humanos y lo escuchamos con atención», reveló la consejera.
Frente a la recomendación de que «Colombia necesita una Policía de carácter civil que esté entrenada para responder a las manifestaciones de una manera respetuosa de los derechos humanos (…) Establecer una separación clara entre la Policía y las Fuerzas Armadas es un primer paso clave para ello», como lo señala el informe de HRW.
Gutiérrez aseguró que, «los anuncios en torno a la reforma al Ministerio Defensa y a la Policía Nacional, para hacer mucho más énfasis en la capacitación de derechos humanos, genera unas posibilidades hacia el futuro para evitar que toda esta contingencia social de estos últimos días se vuelva a repetir».
Sin embargo, indicó que la reforma a la Policía que plantea el informe «no se tocó» durante la reunión, «finalmente, unas son las declaraciones públicas y otra las referencias en privado, lamentablemente. El presidente Duque tiene un claro concepto para que la Policía Nacional deba mantenerse en el Ministerio Defensa, porque en épocas anteriores de la historia de Colombia se prestó para politización. La Policía tiene diferentes competencias en convivencia ciudadana y adicionalmente hace parte de la garantía del derecho a la seguridad también».
Destacó el hecho de que Vivanco «reconoció que en Colombia no hay sistematicidad en cuanto vulneración de derechos humanos y eso definitivamente, es lo que lleva a que la responsabilidad penal y disciplinaria debe respetarse en el debido proceso e identificarse de manera individual».
El informe entregado por HRW fue construido a través de entrevistas, en su mayoría por teléfono o videoconferencia, a más de 150 personas ubicadas en 25 ciudades de Colombia, incluidas víctimas, sus familiares y abogados, testigos presenciales, funcionarios judiciales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos.
