La Unión Europea (UE) no aprecia una violación «sistemática» de los derechos humanos en Colombia como para aplicar la cláusula sobre el respeto a las libertades fundamentales contenida en su tratado de libre comercio (TLC) que en última instancia podría llevar a suspenderlo.
«Aunque las violaciones de derechos humanos son inaceptables no son una violación sistemática de los derechos que nos permitieran considerar la suspensión del acuerdo», indicó la jefa de la División para Suramérica del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Veronique Lorenzo, durante un debate en el Parlamento Europeo.
La subcomisión de Derechos Humanos y las delegaciones para EuroLat y la Comunidad Andina de la Eurocámara celebraron una sesión conjunta para analizar la situación en Colombia, donde según fuentes oficiales han muerto al menos 48 personas en relación con las protestas iniciadas el 28 de abril contra la ya extinta reforma tributaria que planteaba el Gobierno.
La representante del SEAE pidió «no estigmatizar» a la mayoría de personas que se manifiestan pacíficamente y, a su vez, instó a las autoridades a «investigar todos los abusos de derechos humanos y que sean llevados a la justicia», ya que Colombia «tiene instituciones que funcionan».
Recordó que existe una provisión en el acuerdo de libre comercio entre la UE y Colombia relacionada con los derechos humanos que posibilita suspenderlo, pero dejó claro que eso sólo ocurriría «en última instancia, como último recurso, cuando todas las otras posibilidades ya han sido intentadas y exhaustas».
«Y consideramos que eso todavía no es el caso», enfatizó, a la vez que apuntó que esa cláusula también ofrece la posibilidad de «abrir paso a un diálogo político y crear incentivos para mejorar el respeto y la protección de los derechos humanos».
Lorenzo señaló que el representante especial de la UE para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, está viajando a Colombia para «entender mejor la situación» sobre el terreno.
Colombia defiende su gestión
También participó, por videoconferencia desde Bogotá, la viceministra de Exteriores de Colombia, Adriana Mejía, quien lamentó que las protestas violentas hayan llevado a bloqueos que han afectado a «la salud pública, el abastecimiento de alimentos, el derecho al trabajo y, lo más importante, el derecho a la vida», en plena pandemia de coronavirus.
También habló de «ataques sistemáticos a las capacidades policiales» y que el país garantiza el derecho a la protesta pacífica, ya que la intervención de la fuerza pública se redujo a «uno de cada diez manifestaciones contaminadas por hechos de violencia y agresión».
En cambio, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, intervino también para presentar los datos del último informe de su ONG sobre Colombia, dado a conocer la semana pasada, en el que se contabilizaban hasta 34 muertes en las protestas, de las cuales al menos 20 habrían sido a causa de la brutalidad policial.
«No son incidentes aislados, sino el resultado de fallos estructurales profundos. Colombia el único país de América Latina en el que la Policía depende del Ministerio de Defensa», comentó.
Durante el debate parlamentario, la presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de la Comunidad Andina, Pilar del Castillo, se expresó en la línea de las autoridades colombianas al considerar que «una cosa es la protesta social, pacífica, en ejercicio del derecho de libre expresión y manifestación, que aquí todos defendemos y apoyamos. Otra muy distinta la violencia gratuita, la anarquía, el deseo de sembrar inestabilidad y generar caos», continuó.
Por su parte, el presidente de la Delegación de la Eurocámara en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Javi López, pidió «diálogo» y recordó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado un «uso desproporcionado de la fuerza a la hora de gestionar las protestas», incluido el «uso de armas de fuego contra manifestantes pacíficos».
