Este tribunal considera que los delitos de los que se le acusa están tipificados en Colombia como homicidios en persona protegida y conspiración para delinquir, y en España como asesinato, con lo que se cumplen los requisitos para la entrega.
Los jueces entienden, además, que se cumple el convenio de extradición entre ambos países, que los delitos no han prescrito y que la reclamación de Colombia no tiene motivación ilegítima.
Según el tribunal, entre 2007 y 2008 el Zarco, también conocido como Mono o Antoni, participó presuntamente en el reclutamiento mediante promesas económicas de 17 personas para llevarlas a lugares donde se encontraban tropas del Ejército, que las asesinaron y presentaron como bajas legítimas en combate en operaciones militares, los «falsos positivos».
Concretamente, el 6 de noviembre de 2007 el acusado llevó a tres hombres hasta una zona cercana a Cali donde miembros de la Tercera Brigada del Ejército Nacional los mataron en «un presunto combate, haciéndolos pasar por subversivos que iban vestidos de policías armados».
Posteriormente, en 2008, reclutó de la misma forma a otras 14 personas que también fueron asesinadas por el Ejército, «sin mediar combate» y que fueron «presentadas como bajas legítimas en combate» en documentos oficiales «que daban apariencia de legalidad a las operaciones militares”.
Durante la vista de extradición, que tuvo lugar el pasado 10 de junio, el exguerrillero se declaró víctima de una persecución política por denunciar los mismos hechos de los que se le acusaba y, para oponerse a la entrega, denunció que en Colombia le iban a asesinar, en una declaración desde prisión por videoconferencia.
La Audiencia Nacional española ya concedió la extradición del exguerrillero por los mismos hechos, si bien no se pudo llevar a cabo en el plazo establecido, por lo que las autoridades colombianas volvieron a reclamar su entrega.
El tribunal considera que procede pese a ser por los mismos hechos por los que se concedió anteriormente, dado “lo excepcional de las circunstancias», ya que no se materializó debido a la pandemia y la crisis sanitaria mundial, que incidió «especialmente» en los desplazamientos.
Además, subraya la rapidez de las autoridades colombianas en formalizar una nueva demanda de extradición, así como la «extrema gravedad de unos hechos que en caso de denegarse quedarían impunes». La decisión de extraditarlo puede ser recurrida ante la propia Audiencia Nacional.
