Fue aprobada en el Congreso de la República la conciliación del proyecto de ley que reforma el Código Disciplinario y le fortalece los poderes de la Procuraduría General de la Nación para adelantar las investigaciones por hechos de corrupción.
Esta iniciativa, que ya pasa a sanción presidencial, ajusta parte de la legislación colombiana al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impide que más de 10.000 procesos en contra de alcaldes y otros funcionarios elegidos por voto popular que hoy están frenados en el Ministerio Público, queden en la impunidad.
El senador Fabio Amín, ponente de este proyecto, explicó que en la redacción del texto quedó claro que las facultades que tendrá el presidente de la República para reformar la planta de personal, no serán para crear más burocracia dentro de la entidad.
“Modifica la redacción de las facultades, dándole siempre la prelación y la prioridad para que los funcionarios que hoy están en la actual nómina de la Procuraduría tengan la estabilidad y se mantenga que, dadas estas facultades para reorganizar o reestructurar la planta de personal, la creación de nuevos cargos siempre sea la última opción”, indicó.
Dijo que solo un estudio técnico podrá determinar si se necesitan o no nuevos cargos dentro de la planta de la Procuraduría General de la Nación.
“Solo que de manera excepcional, si luego de hacer los estudios por parte de la Función Pública se llegare a requerir el aumento de nómina, se procurará que sea de costo fiscal cero o de aumento de nómina cero”, añadió.
Sin embargo, la conciliación no fue respaldada por algunos integrantes del Centro Democrático tras considerar que el proyecto sí abre la puerta para que haya más burocracia en la Procuraduría, en momentos en que los recursos se necesitan para reactivar el empelo en el país.
Esta reforma al Código Disciplinario también fortalece las funciones jurisdiccionales y de policía judicial que tiene el organismo de control para adelantar las indagaciones de carácter disciplinario, lo cual ha sido considerado por la oposición como una herramienta para emprender persecuciones políticas.
