Alicia Arango, embajadora de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra (Suiza), aseguró que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se equivoca sobre la cifra de personas muertas en el marco del paro nacional. La funcionaria advirtió que “tirar números al aire sin ninguna verificación, no es justo ni para las víctimas ni para Colombia”.
El pronunciamiento de Arango se refiere a la intervención de Bachelet ante las delegaciones de los 47 estados miembros de la ONU, donde mencionó a Colombia en el informe de la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos.
La alta comisionada dijo que se han confirmado 56 muertes (54 civiles y dos policías) ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque, y alentó a “un diálogo que resuelva la crisis”.
“Al respecto tenemos varios temas que se deben aclarar. Primero, el número equivocado de las personas muertas en el paro, porque se ha comprobado -a la fecha- que hay 24 personas que murieron, pero 19 no murieron por el Paro y once están en investigación”, señaló.
Arango enfatizó que «cuando la señora Bachelet dice que hay 54 muertos por el paro, se equivoca y eso le hace daño al país, porque el país lo que quiere es la verdad, no seguir trabajando sobre rumores”.
La embajadora aseguró que «a cada víctima, no solamente de asesinato, de homicidio, venga de quien venga, sino de cada acto de violencia que se ejerza sobre cualquier persona, que tienen nombre y apellido, por lo cual tirar números al aire sin ninguna verificación no es justo ni para las víctimas ni para Colombia”.
El Gobierno colombiano también respondió a las declaraciones de Bachelet a través de un documento en el que señala que «la mayoría de las protestas han sido pacíficas. Menos del 10% han sido permeadas por individuos violentos que han perpetrado actos como el intento de incinerar vivos a un grupo de policías, la violación de una policía, destrucción de los sistemas de transporte público, así como de otros bienes públicos y privados».
El documento también indica que, «las acciones de la Policía y la fuerza pública se desarrollan conforme a protocolos y el respeto a los Derechos Humanos toda denuncia de exceso de la fuerza pública está siendo debidamente investigada y será sancionada».
Además, el Gobierno señaló que las protestas no están relacionadas con los acuerdos de paz, e indicó que este «se viene implementando bajo la verificación de una misión del Consejo de Seguridad. En cumplimiento de los acuerdos y con un gran esfuerzo fiscal se han beneficiado a más de 12000 exguerrilleros desmovilizados. El presidente Duque y su Gobierno tiene la mayor voluntad del diálogo con todos los sectores, atendiendo las demandas que estén en el marco de la legalidad, en el respeto a la Constitución y a la ley».
