El Vaticano ha pedido a Italia que revise una serie de puntos del proyecto de ley contra la homofobia porque a su parecer viola el Concordato entre ambos Estados, una postura vista por algunos como una intromisión pero «agradecida» por la derecha.
«Ciertamente hay una preocupación para la Santa Sede«, confirmó en una rueda de prensa el prefecto del dicasterio para Laicos, Familia y Vida, Kevin Joseph Farrell, al ser preguntado al respecto y respondiendo en su idioma, el inglés, midiendo bien sus palabras.
El Vaticano considera que el texto viola algunos puntos claves del Concordato que regula sus relaciones con Italia, renovado en 1984 después del que se había firmado en 1929 con el dictador Benito Mussolini, que garantizó su independencia como país.
En concreto, la discordia sobre el proyecto contra la homofobia y la transfobia, impulsado por el diputado Alessandro Zan, del Partido Demócrata (PD), surge del segundo artículo del Concordato sobre la misión «pastoral, educativa y caritativa» de la Iglesia.
El Concordato, entre otras cosas, reconoce a la Iglesia Católica «la plena libertad de desarrollar su misión» y evangelización, así como el derecho a ejercer públicamente el culto y ministerio.
El tercer artículo «garantiza a los católicos y a sus asociaciones y organizaciones la plena libertad de reunión y de manifestación de pensamiento con palabra, escrita o cualquier otro medio de difusión».
El proyecto de ley persigue como delito de odio la «discriminación y violencia por motivos basados en el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad de género y la discapacidad», del mismo modo que ya se contempla para casos de racismo, por ejemplo.
En resumidas cuentas, la Iglesia teme que su posición en estos temas puedan ser consideradas delictivas y no una opinión más.
Otro artículo espinoso es el que instaura el día 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia y la Transfobofia, obligando a las escuelas, a todas, a organizar eventos de reflexión sobre el tema.
El Vaticano confirmó la noticia en su portal de noticias y publicó un artículo en el que se subraya que no pretende impedir la autonomía del Estado italiano sino «avisar de que algunos aspectos de la norma herirían un compromiso» aceptado por ambas partes.
Se sacude el debate
La Conferencia Episcopal italiana normalmente entra en el debate político del país pero la injerencia sin precedentes del Vaticano en este asunto ha sacudido a la política del país, enfrascada desde hace meses en una pugna sobre sacar adelante esta norma exigida por los colectivos LGBT y rostros conocidos de la cultura.
El promotor del proyecto de ley, Alessandro Zan, aseguró que el texto «no limita de ninguna manera la libertad de expresión, tampoco la religiosa, y respeta la autonomía de todas las escuelas».
Por su parte el líder de su partido, Enrico Letta, pidió esperar a leer el contenido de la carta de la Santa Sede pero se comprometió a aprobar lo que ve como «una norma de civismo». Mientras que es una «intromisión» para el líder de Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.
La derecha, sobre todo la Liga de Matteo Salvini y Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, son contrarios a un proyecto de ley que ven como un instrumento ideológico que censuraría su libertad de expresión y por ello han presentado otra propuesta legislativa.
Salvini dio las gracias al Vaticano por el «sentido común» y, aunque aseguró su compromiso a luchar contra «toda discriminación y a castigar cualquier violencia», rechazó que pueda juzgarse «a quienes creen que mamá, papá y familia son el corazón de nuestra sociedad» o a quien niegue la ideología del género en las escuelas.
Y ha tendido la mano a Leta para modificar el proyecto de ley y garantizar derechos al colectivo LGBT «sin caer en ideologías y censuras y sin invadir el campo de las familias y escuelas».
La influencia de la Iglesia católica en la política italiana es notoria pero aún se desconoce cómo y si se solucionará este encontronazo entre el pequeño Estado de los papas e Italia, o que efectos tendrá la carta entregada en la embajada.
El último artículo del Concordato establece que en caso de surgir «dificultades de interpretación y de aplicación de sus disposiciones» la Santa Sede y la República italiana encargarían «la búsqueda de una solución amistosa» a una comisión.
La ministra para la Familia, Elena Bonetti, ha considerado la postura del Vaticano como «propio de las relaciones entre Estados».
Foto: Colprensa
