El presidente Iván Duque pidió este miércoles al Congreso de la República que tramite una ley antivandalismo y antidisturbios, tras los hechos violentos que se han registrado en las últimas semanas en Colombia, en medio del paro nacional.
El mandatario señaló que espera que la discusión se dé sobre una «ley moderna antivandalismo y antidisturbios». Señaló además que se debe discutir «a profundidad» sobre la diferencia que existe entre una protesta pacífica y actos de vandalismo o violencia en medio de las manifestaciones.
«Y por eso invito a todos los miembros del Congreso de la República, a que trabajemos en la próxima legislatura para que tengamos en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios, para que no pretendan -quienes promueven esas prácticas- pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos», manifestó el mandatario en la ceremonia de ascenso del general de la Policía, Jorge Luis Vargas.
Duque también pidió a los colombianos «a que tengamos una discusión clara, responsable, democrática, participativa y deliberativa, donde nosotros podamos diferenciar claramente -ante la sociedad- lo que es y debe ser la protesta pacífica de cualquiera de las formas de violencia que atentan contra esa actitud misma reconocida en la constitución».
Además, señaló que «el vandalismo, los disturbios y el terrorismo urbano de baja intensidad son los principales enemigos del derecho a la protesta pacífica».
El mandatario se refirió a los recientes hechos que se han registrado en Bogotá, señalando que «la sociedad debe sentirse protegida en un estado democrático, sobre los vándalos que destruyen infraestructura, que destruyen el transporte público, que pretenden secuestrar buses que pretenden también colgar cables que ya han cobrado vidas en las calles y obstruir, a ellos se les llama como son: delincuentes y se les enfrenta como son: delincuentes”.
El proyecto de ley fue elaborado por la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional y fue revisado por el Ministerio de Justicia. Con ese aval de Minjusticia, el texto se envió a los ministerios de Defensa e Interior, el pasado 21 de junio.
