AFP
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, prestó declaración ante la Fiscalía en el marco de una querella en su contra por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2019, confirmaron este jueves a Efe fuentes del Gobierno.
Piñera, en compañía de su abogado y desde su domicilio particular en la zona oriente de la capital chilena, entregó su testimonio al Ministerio Público durante esta semana, según publicaron medios locales, aunque el día no fue informado.
Según informó el Gobierno, Piñera «concurrió ante la fiscal regional, Claudia Perivancich, para aportar toda la información pertinente, explicar todas las acciones tomadas en resguardo de las libertades y derechos de todos los ciudadanos y colaborar para esclarecer todos los hechos ocurridos en el contexto del estallido de violencia de 2019″.
Desde el órgano persecutor, en tanto, explicaron que la diligencia busca esclarecer si en el contexto de la masiva ola de protestas de octubre de 2019, las más grave de los últimos 30 años, se configuró un «ataque generalizado o sistemático contra una población civil» que «responda a una política de Estado o sus agentes», según publicaron medios nacionales.
Bajo la misma indagatoria judicial ya se ha tomado declaración a otros exmiembros del actual Gobierno que también figuran en la treintena querellas criminales presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otros organismos.
Entre ellos figuran los exministros del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick -primo del primer mandatario- y Gonzalo Blumel, junto al actual intendente (gobernador) de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.
De igual forma, se han recogido los testimonios del también querellado exgeneral director de Carabineros -policía militarizada chilena-, Mario Rozas, y del oficial que hoy ostenta el cargo, Ricardo Yañez.
A la fecha, se han abierto más de 4.600 causas contra agentes de Carabineros o militares y organismos internacionales como Naciones Unidas, Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han denunciado los excesos y abusos policiales en Chile, apuntando a «graves violaciones a los derechos humanos».
Las manifestaciones de octubre de 2019, que siguieron de forma regular hasta los primeros meses de 2020 aunque con menor intensidad debido a la llegada de la covid-19, dejaron una treintena de muertos, cientos de personas con trauma ocular, miles de heridos y episodios de extrema violencia.
En un esfuerzo por dar salida institucional a la crisis social y política, el sistema de partidos chileno acordó la creación de una Convención Constitucional encargada de redactar una nueva Carta Fundamental para el país sudamericano, una de las demandas más sentidas de su población.
Contra todo pronóstico, los independientes sin afiliación política fueron los grandes vencedores de los comicios constituyentes del pasado mayo (se llevaron 48 de los 155 escaños del órgano) y ahora la convención tendrá un año para redactar el nuevo texto, que deberá refrendarse en 2022 con otro plebiscito de salida. EFE
