Los suelos de 15 municipios de los departamentos de Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Meta por los que pasa el río Upía, se están muriendo lentamente por no respetar su verdadera vocación.
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 58,8 por ciento de los suelos de esta cuenca hidrográfica, es decir más de 806 mil hectáreas, es utilizado para otras actividades ajenas a su verdadera vocación; en pocas palabras estas tierras se están acabando o desaprovechando.
El principal problema del Upía, que abarca los municipios de Aguazul, Barranca de Upía, Cabuyaro, Cumaral, Macanal, Medina, Monterrey, Paratebueno, Restrepo, Sabanalarga, San Luis de Gaceno, Santa María, Tauramena, Villanueva y Yopal, es la subutilización (terrenos con potencial agrícola en donde se da otro uso), que afecta al 38,3 por ciento (525 mil hectáreas).
“Esto indica que la región debe realizar una revisión de los usos relacionados con la ganadería u otros usos relacionados con la compactación de los suelos, ya que su expansión sobre tierras agrícolas y forestales traen como consecuencia los porcentajes de subutilización e ineficiencia en el uso de los recursos”, dijo Juan Antonio Nieto Escalante, Director General del IGAC.
El 20,5 por ciento restante (281 mil hectáreas) está sobreutilizado por el exceso sin control de cultivos o el paso demoledor del ganado, lo que genera una gran fragilidad de los ecosistemas por las fuertes pendientes y áreas prioritarias para la para la conservación.
El preocupante anuncio fue realizado por el Director General del IGAC en el marco del cuarto Foro por la paz y el crecimiento regional sostenible sobre territorialidad y seguridad, realizado hoy en el municipio de Villanueva (Casanare), y que fue liderado por la Fundación para el Desarrollo de Upía.
“Estas cifras deben prender las alarmas, ya que estamos hablando de una cuenca hidrográfica, la cual es una de las encargadas de garantizar la seguridad alimentaria en estos 15 municipios. Si no se pone freno a esta situación, estos suelos ya no contarán con la capacidad de afrontar fuertes sequías o extensas épocas de lluvia, y perderán su cobertura vegetal y su potencial agrícola. Los gobernadores, alcaldes y autoridades ambientales deben hacer uso de estos resultados para generar acciones en el corto plazo que mitiguen el mal uso del suelo”, afirmó Nieto Escalante.
El Director General se comprometió con las autoridades de esta región a apoyar el proceso de crecimiento productivo, regional y sostenible, a través de todos los insumos del IGAC, como el enfoque del catastro, el nuevo Estatuto Catastral y el uso del suelo e información agrológica para la toma de decisiones.
Áreas productivas: la prioridad
La cuenca del Upía alberga 370.799 hectáreas conformadas por suelos aptos para la producción agrícola; es decir que en el 27 por ciento se podría cultivar sin poner en jaque a los recursos naturales.
Según el IGAC, estos suelos deben ser la prioridad para los alcaldes de cada uno de los municipios, ya que al estudiarlos y analizarlos minuciosamente, se podría establecer el tipo de cultivo más apropiado tanto para el suelo como para el bolsillo de los campesinos.
Sin embargo, actualmente el IGAC solo cuenta con análisis en 28.928 hectáreas (tan solo el 2,1 por ciento de la zona de influencia del Upía).
Las 341.871 hectáreas restantes (24,9 por ciento) necesitan ser estudiadas urgentemente, para así impulsar una actividad agrícola sostenible en la región y evitar la constante pérdida del recurso suelo.
El Director General aseguró que este es un constante panorama en todo el país, razón por la cual se encuentra en negociaciones con gobernadores y alcaldes para que incluyan el componente agrológico dentro de sus Planes de Desarrollo.
“Le hemos propuesto a los entes territoriales incorporar en los planes de desarrollo 2016-2019 un artículo que indique el desarrollo de estudios agrológicos en las áreas con potencial productivo según la información del IGAC, para así incorporar sus resultados en los instrumentos de ordenamiento y planificación rural. Esto se verá reflejado en la sostenibilidad del recurso suelo, la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo y el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos”, puntualizó Nieto Escalante.
Tomado: igac.gov.co
