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La Justicia española confirmó este miércoles la extradición a Colombia del exmiembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Luis Jhon Castro Ramírez, alias el ‘Zarco’, por su presunta participación entre 2007 y 2008 en la entrega de 17 personas al Ejército colombiano para ser asesinadas y hacerlas pasar por bajas en combate, en lo que se denominó como los ‘falsos positivos’.
La Audiencia Nacional ya concedió la extradición del exguerrillero por estos mismos hechos hace un año, aunque entonces no se pudo materializar la entrega en el plazo legalmente establecido debido a la pandemia del coronavirus, que incidió especialmente en los desplazamientos.
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Esa situación sirvió de argumento a Castro Ramírez que recurrió la decisión de la Audiencia alegando que la petición de entrega no se llegó a materializar, no por circunstancias relacionadas con la covid-19, sino debido a la voluntad de las autoridades colombianas de «sobreseer» los hechos.
A ese respecto, la actual resolución judicial indica que «no se evidencia ningún dato que permita establecer que existió un desistimiento voluntario por parte de las autoridades colombianas en la persecución de los hechos por los que se pidió la extradición».
Entre 2007 y 2008, Castro Ramírez participó presuntamente en el reclutamiento mediante promesas económicas de diecisiete personas para llevarlas a lugares donde se encontraban tropas del Ejército, que las asesinaron y presentaron como bajas legítimas en combate en operaciones militares, los ‘falsos positivos’.
Concretamente, el 6 de noviembre de 2007 el acusado llevó a tres hombres hasta una zona cercana a Cali donde miembros de la Tercera Brigada del Ejército Nacional los mataron en «un presunto combate, haciéndolos pasar por subversivos que iban vestidos de policías armados».
Posteriormente, en 2008, reclutó de la misma forma a otras catorce personas que también fueron asesinadas por el Ejército, «sin mediar combate» y que fueron «presentadas como bajas legítimas en combate» en documentos oficiales «que daban apariencia de legalidad a las operaciones militares».
Durante la vista de extradición, que tuvo lugar el pasado día 10, el exguerrillero se declaró víctima de una persecución política por denunciar los mismos hechos de los que se le acusaba y, para oponerse a la entrega, denunció que en Colombia le iban a asesinar.
