La Corte Constitucional estudia una tutela promovida por más de 90 familias del pueblo raizal de San Andrés y Providencia que fueron afectados por el paso del huracán Iota, en noviembre del 2020, que dejó el 98% de la isla destruida.
Las familias señalan que sus derechos fundamentales a la salud y la vida se han visto afectados por falta de respuesta del Gobierno, frente a la pronta reconstrucción de la isla, que los ha llevado a vivir en carpas y otros han tenido que irse.
Esa situación estaría provocando –como ellos advierten– un desplazamiento forzado a raíz de un fenómeno natural.
Pero lo que más les preocupa es que desde finales de mayo de 2021 se activó la temporada de huracanes, lo cual los hace más vulnerables frente al cambio climático, teniendo en cuenta que los avances en la isla son mínimos.
Las familias le pidieron a la Corte un pronunciamiento sobre los incumplimientos por parte del gobierno del presidente Iván Duque. La tutela sostiene que no se ha avanzado en la reconstrucción de la isla, como prometió el presidente, aunque fue declarada la calamidad pública y de urgencia y el Gobierno encargó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) la creación de un plan de contingencia para la reconstrucción en un periodo de 100 días.
Para la organización Dejusticia, que apoyó la presentación de la tutela, el Gobierno también estaría violando los derechos de acceso a la información pública.
“Los datos entregados por el Gobierno Nacional sobre el plan de reconstrucción no eran claros ni accesibles, ni el Plan Activo de Contingencia de la UNGRD fue consultado por la comunidad, aun cuando su futuro ancestral dependiera de ello”, se indica en un comunicado de la organización sobre la situación.
En el pronunciamiento que hará la Corte sobre este caso, eventualmente podría pronunciarse sobre las crisis en cambio climático y la labor del sistema jurídico colombiano para combatir sus efectos devastadores con enfoque de Derechos Humanos.
