La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores del país para fortalecer las medidas de bioseguridad en los colegios, con el fin de acelerar el retorno de los niños, niñas y adolescentes a las aulas.
A través de una carta enviada a los mandatarios, la Procuraduría advirtió sobre la prioridad para garantizar el derecho a la educación de los menores, sobre todo en aquellos que no cuentan con los instrumentos necesarios para la conectividad.
“Garantizar el retorno seguro a la presencialidad de las instituciones educativas y en los servicios de primera infancia del ICBF es una prioridad nacional y plantea para toda la institucionalidad del país en los tres niveles de gobierno, la exigencia ineludible de revisar la situación actual de los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes de nuestro país y los retos que demanda lograr su efectividad en cada territorio”, se lee en la carta.
La preocupación de la Procuraduría concuerda con una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional, que plantea el retorno a las clases presenciales.
La ponencia tiene un fuerte pronunciamiento contra el Gobierno por la falta de medidas para garantizar la conectividad a internet y los recursos digitales a los menos favorecidos en todo el territorio nacional.
“Que el modelo actual de educación remota de emergencia, que surge con la pandemia (…) no corresponde ni a un modelo de educación a distancia (…) Ni a un modelo de educación virtual, que es esencialmente no presencial”, dice uno de los apartes del documento.
Más adelante, la carta advierte que “con el cierre de los colegios, el aumento en los indicadores de conectividad se ha visto drásticamente reducido”.
La ponencia señala que “aunque la Corte reconoce los esfuerzos del Ministerio en materia de conectividad en educación, también advierte que estos se han visto frustrados, en tanto que, esta decisión reproduce los problemas estructurales en conectividad del país, sin una solución viable en el corto plazo”.
El pronunciamiento se da en el marco del estudio de tres tutelas que llegaron a la Corte Constitucional, en las que se denuncian graves violadores al derecho a la educación de los menores de edad por la falta de conectividad e internet, en los lugares más apartados del país.
Desde la Procuraduría informaron que la urgencia al retorno a las clases se desprende del “plan de acción 2021 desarrollado por la estrategia Hechos y Derechos, integrada por la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Federación Nacional de Departamentos (FND), las consejerías Presidencial para la Juventud y para la Niñez y la Adolescencia; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP)”.
