Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue radicada una denuncia penal en contra de los congresistas Armando Benedetti, Mauricio Gómez Amín y Daira Galvis por presuntamente haber intercedido para que no se revocara el contrato firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a más de 14.000 colegios del país.
La denuncia la presentó la Red de Veedurías Ciudadana del abogado Pablo Bustos. En la misma se le pide a la Corte investigar si los congresistas habrían ejercido presiones para que no se revocara el billonario contrato.
“Para que se investigue a los parlamentarios que pudieron haber estado incursos en la negociación espuria en la celebración del contrato, su ejecución o la determinación de su configuración en la etapa precontractual”, dijo el abogado.
Bustos añadió que los senadores supuestamente “aparecen mencionados entre los que hicieron aproximación con la Ministra (Karen Abudinem) para efectos de incidir e incluso tratar de impedir la declaratoria de caducidad del contrato”.
Desde la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia advirtieron que el reparto de la denuncia ya se hizo y el estudio le correspondió al magistrado Misael Rodríguez.
Por ese mismo escándalo la Procuraduría investiga a cinco personas entre los que se encuentran tres funcionarios del MinTIC, además del representante legal de la Unión temporal Centros Poblados y la interventora del contrato.
Se trata de Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general MinTIC; Sandra Orjuela Méndez subdirectora de Gestión Contractual MinTIC; -Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC; Luis Fernando Duque Torres representante legal Unión Temporal Centros Poblados 2020 y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del contrato en mención.
Las investigaciones de la Procuraduría buscan establecer si estos funcionarios el Ministerio incurrieron en alguna falta disciplinaria al permitir la adjudicación el billonario contrato con la Unión Temporal.
