La Misión de Observación Electoral, MOE, presentó este viernes un protocolo con el que se busca tratar y prevenir la violencia contra las mujeres en la política, “fenómeno latente que amenaza la participación de las mujeres en las próximas elecciones, así como su liderazgo en los diferentes procesos de participación y representación”.
En el protocolo, la MOE propone por ejemplo que los partidos y organizaciones políticas, no avalen aquellos aspirantes que “hayan sido condenados o sancionados por delitos de violencia doméstica, feminicidio o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; contra la libertad e integridad sexual, y de inasistencia alimentaria. Tampoco a aquellos que hayan sido sancionados por hechos de violencia contra las mujeres en política”.
En esa línea la Misión también propone crear al interior del Consejo Nacional Electoral una comisión de violencia contra las mujeres en política, que actúe como sistema de monitoreo y seguimiento, integrado por los partidos y movimientos políticos, las autoridades estatales como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Secretarías y Oficinas municipales/distritales de la Mujer y la Unidad Nacional de Protección.
«Asimismo por organizaciones de la sociedad civil e internacionales, particularmente las que conforman el llamado “Observatorio de vcmp” compuesto por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer-cpem, el Ministerio del Interior, el mismo CNE, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria – nimd, la Misión de Observación Electoral – moe, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz – mapp oea, onu Mujeres Colombia y el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales», señala la MOE.
Según la Misión, la violencia política contra las mujeres fue apenas reconocida en el actual Código Electoral que estudia la Corte Constitucional.
“Se entiende por violencia contra las mujeres en política, cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género, causen daño o sufrimiento a una o varias mujeres, sin distinción de su afinidad política o ideológica. Así mismo, que tengan por objeto o resultado menoscabar, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, en el marco del proceso electoral y el ejercicio del cargo. La violencia contra las mujeres en la vida política comprende, entre otras, violencia física, sexual psicológica, económica y simbólica”, dice la Misión.
En la presentación del protocolo, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, destacó que es “urgente que las autoridades electorales, como el Consejo Nacional Electoral, en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, y todas las agrupaciones políticas, implementen protocolos de VCMP, teniendo en cuenta la introducción de la paridad y con ello, el aumento de la participación de las mujeres en el proceso electoral 2022, tras la aprobación del Código Electoral, una vez este sea declarado constitucional por la Corte Constitucional”.
