La Presidencia de la República había objetado un proyecto de ley aprobado en el Congreso con el cual se pretende otorgar un tratamiento penal diferenciado a las mujeres cabeza de hogar que cometan delitos menores, incluyendo algunos hechos de microtráfico.
Según el senador Rodrigo Lara, autor de la propuesta, “esta ley consiste en que mujeres pobres, cabeza de hogar que hayan cometido un delito menor, sin uso de la violencia y por primera vez, se le pueda sustituir la pena de prisión por una pena de trabajo y utilidad pública, de tal manera que pueda ayudar a la comunidad a restaurar parques, cuidar adultos, y así no tengan que abandonar a sus hijos”.
Sin embargo, las plenarias de Senado y Cámara no aceptaron dichas objeciones, las negaron y decidieron enviar la iniciativa a la Corte Constitucional para que sea esa corporación la que determine si debe convertirse o no en ley de la República.
Lara indicó que los argumentos presentados por el Gobierno fueron contradictorios, ya que por una parte se mostró de acuerdo con buscar sanciones alternativas a la cárcel para las mujeres, pero por otro lado cuestiona que la misma no cobije a los hombres que son cabeza de hogar.
“El Gobierno no comparte que se incluyan los delitos de microtráfico, pero es que el 60% de las mujeres que son capturadas corresponde este delito, es decir, el 60% de las mujeres están presas por vender una papeleta y lo que se buscó resolver con ese proyecto es eso precisamente”, sostuvo.
Adicionalmente, el congresista defendió que el proyecto solo cobije a las madres y no a los padres. “Esta es una ley que tiene un enfoque penal de género, es la primera reforma penal de esta naturaleza y las condiciones de las mujeres que están presas son distintas a las condiciones de los hombres que estén presos”, añadió.
Varios congresistas del Centro Democrático votaron para aceptar las objeciones del Gobierno, advirtiendo que esta iniciativa podría propiciar una legación tácita del microtráfico y las redes delincuenciales podrían utilizar a mujeres cabeza de hogar para seguir cometiendo este delito.
La senadora María del Rosario Guerra sostuvo que “nos estamos oponiendo a que las redes de microtráfico utilicen a esas mujeres que viven en estas circunstancias y si esas redes saben que son mujeres que no van a pagar cárcel, sino que van a sustituir la pena, se pueden imaginar lo que ellas pueden hacer”.
Ahora será la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra sobre este proyecto de ley de tratamiento penal diferenciado para mujeres cabeza de hogar.
