El comité de expertos anticorrupción liderado por Fedesarrollo y conformado entre otros por Transparencia por Colombia, Dejusticia y la Misión de Observación Electoral (MOE), realizó más de 30 recomendaciones que se enfocan en los escenarios donde se presentan los casos más graves de corrupción: el sistema electoral, judicial y la contratación pública.
Dentro de las recomendaciones prioritarias de mediano plazo de esas entidades, se destaca tener un financiamiento mayoritariamente público de las campañas políticas.
Frente a este punto, la directora de la MOE, Alejandra Barrios señaló que «se plantea que los recursos para las campañas políticas sean mayoritariamente públicos. Se debe acceder al poder a través de la votación y no de la compra del poder mismo».
Explicó que esta inversión debe estar enfocada en los temas de publicidad y transporte, «que son los más costosos en las campañas electorales».
Los nueve expertos que hacen parte de este comité, pidieron garantizar la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE) frente a los partidos políticos, modificando el proceso de nominación y elección, concentrar las funciones de la Procuraduría en la lucha contra la corrupción, prohibir el uso del efectivo para transacciones de inmuebles, vehículos y otros por encima de 10 millones de pesos, entre otros aspectos.
Entre tanto, las recomendaciones que se plantean como una prioridad de corto plazo son limitar el abuso en el sector público de la contratación, garantizar la transparencia de ingresos y gastos de las campañas políticas y mejorar las técnicas y capacidad de investigación contra la corrupción, usando ciencia de datos e inteligencia artificial por parte de los organismos de control y la Fiscalía.
«Esta comisión lleva trabajando más de nueve meses y se ha nutrido de una gran cantidad de entrevistas y comentarios por parte de ex funcionarios públicos y privados. Logramos hacer una serie de recomendaciones», dijo el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.
La Comisión destacó que «si bien se han hecho esfuerzos para fortalecer el marco institucional contra la corrupción en el país, la aprobación de leyes aisladas que prescindan de una estrategia transversal es insuficiente para mitigar el problema. El valor agregado de las recomendaciones presentadas es justamente el de ofrecer una propuesta articulada, jerarquizada en el tiempo y que contempla los posibles esfuerzos para ser implementada de manera inmediata».
