La exministra de las TIC, Karen Abudinen declaró este miércoles ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación que se adelanta contra cuatro congresistas por presuntamente interferir en la audiencia que tenía como objeto revocar el billonario contrato firmado entre el Ministerio y la Unión Temporal Centros Poblados.
Abudinen, quien fue citada en calidad de testigo por el alto tribunal, detalló su participación en los hechos que rodearon el proceso de licitación, la ejecución del mismo y la revocatoria del contrato ante los constantes e injustificados incumplimientos por parte de la Unión Temporal conformada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería de Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intc de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S.
En la diligencia, que duró casi tres horas, la exministra detalló que ella siendo Ministra fue quien denunció las irregularidades en la ejecución del contrato y adelantó todos los trámites para revocarlo y recuperar los 70 mil millones de pesos que se habían dado como anticipo para la compra de equipos.
“Acá estoy poniendo la cara, vine a cumplir la cita frente al tema de Centros Poblados (…) Fui yo como Ministra quien caducó el contrato, quien hizo los embargos y quien denunció y espero que paguen las personas que tengan que pagar”, dijo Abudinen al salir de la diligencia ante la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, Abudinen no hizo referencia a la supuesta visita o conversaciones que en el pasado dijo haber sostenido con el senador Armando Benedetti sobre la adjudicación del billonario contrato. “No puedo dar mayores elementos por la reserva del proceso, pero me verán en cada una de las actuaciones que me requieran los entes de control y las Altas Cortes. El proceso está en reserva”.
Las declaraciones de la exministra se dieron en las investigaciones preliminares que abrió la Corte Suprema tras la denuncia presentada contra los congresistas Armando Benedetti, Daira Galvis, Mauricio Amin y Antonio Zabaraín. Este último congresista también habló ante la Corte y negó cualquier vínculo con Centros Poblados o el billonario contrato.
“Le manifesté a la Corte que yo no conozco a ninguno de los señores de Centros Poblados y nunca intervine ante el Ministerio para el contrato (…) todo se lo dejó a Dios y puedo jurar con biblia en mano que no tuve nada que ver con ese contrato”, dijo el senador de Cambio Radical.
En una audiencia pasada, la Red de Veedurías Ciudadana pidió retirar las denuncias contra tres de los cuatro congresistas. Se trata de los políticos Daira Galvis, Mauricio Gómez Amin y Antonio Zabaraín
La denuncia que se mantiene en la Corte es contra el senador Armando Benedetti, quien también fue nombrado en la denuncia que elevó a la misma Corte Henry Antonio Anaya Arango, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común.
