El gobierno de Ecuador cambió este lunes al jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y al de prisiones, en medio de una crisis carcelaria con matanzas que dejan más de 320 presos fallecidos este año, y una lucha contra el narcotráfico.
El mandatario Guillermo Lasso «aceptó la renuncia» tanto del jefe del comando conjunto, vicealmirante Jorge Cabrera, como del director del organismo a cargo de prisiones (SNAI), Bolívar Garzón, indicó la secretaría de Comunicación de la presidencia en un comunicado.
El gobernante tomó esas decisiones en una reunión con los ministros de Gobierno y de Defensa, así como con los jefes militares y policiales para «determinar las principales acciones a continuar ejecutando ante la situación carcelaria», agregó el texto, aunque no precisó las causas de las renuncias.
Lasso designó como nuevo jefe del comando conjunto al general Orlando Fuel, que ocupaba el cargo de comandante del Ejército, y encargó la dirección del SNAI a Marlo Brito, hasta ahora titular del estatal Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). El general Luis Burbano pasó a ser comandante del Ejército.
Estados de excepción
Entre viernes y sábado se produjo una matanza de 68 presos en la principal penitenciaría del puerto de Guayaquil, también escenario de otro choque armado entre bandas con vínculos con el narcotráfico en septiembre con 118 fallecidos, constituyéndose en la mayor masacre carcelaria de Ecuador y una de las peores de Latinoamérica.
El gobierno reportó el domingo que «actualmente, no se registran incidentes en los centros de privación de libertad del país» que afrontan una crisis desde hace años por la violencia y una superpoblación de 30 %.
Lasso decretó dos estados de excepción debido a la situación en las prisiones y calles de Ecuador a causa del narco: uno el 30 de septiembre por 60 días para las cárceles, y otro el 18 de octubre también por 60 días, movilizando a los militares a las calles para que apoyen a la policía en patrullajes y requisas.
Pero la Corte Constitucional limitó su alcance, prohibiendo el ingreso de efectivos militares a las penitenciarias, acotando su presencia en los exteriores hasta finales de este mes, y que patrullen las calles por no más de 30 días.
La tasa de homicidios subió de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2020 a 10,6 entre enero y octubre de 2021, según el gobierno de Ecuador, país ubicado entre Colombia y Perú -los principales productores mundiales de cocaína– y que ha decomisado más de 155 toneladas de drogas este año, un nuevo récord.
Salvajismo y terrorismo
Las masacres carcelarias en el país son cruentas, con cuerpos quemados, decapitados y desmembrados. Los reclusos se enfrentan con armas de fuego y explosivos.
El gobernador de la provincia del Guayas (cuya capital es Guayaquil), Pablo Arosemena, describió que en la reciente revuelta en el reclusorio Guayas 1 ocurrieron «cruces de bala muy intensos» y una «situación de salvajismo».
Imágenes divulgadas por redes sociales muestran a reos prendiendo fuego y macheteando cuerpos ensangrentados.
Un hombre que pidió no ser identificado compartió el audio que su hijo -detenido desde marzo en ese reclusorio por un caso de drogas- le envió por WhatsApp poco antes de la matanza, a la que sobrevivió.
«Se va a armar ya la guerra, ya vinieron a dar la luz verde (para) que abran todos los pabellones para enfrentarse con el enemigo y no se qué es lo que vaya a pasar», expresó el joven.
Además, un radar militar que Ecuador puso a funcionar en octubre para luchar contra el narcotráfico dejó hace una semana de funcionar debido a una explosión y las autoridades no descartan que haya sido blanco de un ataque «terrorista».
Con capacidad para 30.000 personas, las 65 prisiones ecuatorianas están ocupadas por 39.000 reclusos, una superpoblación del 30%. Del total de reos, 15.000 carecen de sentencia.