Colprensa
Cada vez más en Colombia se viene acudiendo a la figura de justicia por mano propia, donde en muchas ocasiones un delincuente es golpeado violentamente para que pague por el ‘pecado’ que cometió contra alguien.
Este tipo de comportamientos ahora tienen una figura que resulta ir más allá. En la ley de Seguridad Ciudadana que este miércoles fue enviada a sanción presidencial tras la aprobación final del Congreso de la República, se crea la legítima defensa privilegiada.
Legítima defensa privilegiada
Se presume también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras que superen las barreras de la propiedad o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno.
Parágrafo. En los casos del ejercicio de legítima defensa privilegiada, la valoración de la defensa se deberá aplicar un estándar de proporcionalidad en el elemento de racionalidad de la conducta.
Palabras más, palabras menos, en la Ley de Seguridad Ciudadana se habla de lo qué puede y no puede hacer alguien que se siente atacado en su casa o su carro, estando en el centro del debate que se puede matar a un ladrón.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que un ciudadano que está en su casa y es atacado por alguien que irrumpe en su vivienda, cuando el proceso se inicie el fiscal del caso debe asumir que fue en legítima defensa. Esto -según el funcionario– porque todo sucedió en esas dos circunstancias concretas.
Aun así, el fiscal que asuma el caso de alguien que atacó a un delincuente en su vivienda o carro deberá determinar si presenta cargos. Posteriormente será un juez quien determine en un test de proporcionalidad si la persona se defendió apropiadamente.
Lo único que cambia, de acuerdo al ministro, es que la carga de la prueba no se le pone al ciudadano que se defendió estando en su casa o en su carro.
El argumento en defensa de la ley que expone el Gobierno es que la preocupación es el ciudadano que está en su casa sin ser una amenaza social y no el ladrón que irrumpe en una vivienda.
