La Contraloría General de la República detectó nueve hallazgos administrativos en la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, de los cuales cinco tienen incidencia fiscal por más de $692 mil millones.
Esa entidad también señaló que hay otros ocho hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y siete de carácter penal.
En ese sentido, la Contraloría advirtió sobre un inadecuado control de pagos realizados por operadores bancarios a beneficiarios fallecidos, con posterioridad a los traslados de recursos desde la Unidad de Víctimas.
De acuerdo con el informe, se hallaron graves falencias en los procesos de verificación de identidades de los beneficiarios.
“Lo que causa discrepancias entre los nombres y números de cédula de los beneficiarios de los giros, con los datos de las víctimas”, precisó esa entidad.
La Contraloría concluyó que la Unidad de Víctimas no pudo soportar actuaciones administrativas que involucran recursos públicos, lo que ocasionó una grave afectación al adecuado manejo y control de la gestión administrativa que realiza la entidad encargada de la atención y reparación a las víctimas.
Cabe mencionar que hace unos meses el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, advirtió que la reparación integral a las víctimas requiere un esfuerzo fiscal que al año 2031 será de $328 billones.
El funcionario explicó que el cálculo de la indemnización administrativa y colectiva es de $65 billones para su ejecución, vivienda ($51 billones), alimentación ($27 billones), y retornos y reubicaciones ($15 billones), entre otros.
Asimismo, el contralor general alertó sobre el difícil acceso de población víctima de la violencia a vivienda urbana. Según esa entidad, se han otorgado más de 107 mil subsidios de vivienda entre 2012 y 2021, quedando pendiente un universo de más de un millón de hogares víctimas del conflicto.
“Desde el 2003 hay 21.408 subsidios de vivienda urbana teóricamente ya asignados en cuentas de ahorro programado, por un valor de $317.113 millones. En fiducias reposan $12.375 subsidios asignados por $527.855 millones”, señala uno de los apartes del informe.
